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¿Fin de ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina?

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LÍMITES Y CRISIS DEL CORREÍSMO EN ECUADOR

Por Massimo Modonesi

Entrevistamos en Quito a Alberto Acosta, economista, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, candidato del partido indígena Pachakutik a la Asamblea Constituyente en 1997 y luego fundador de Alianza País, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex candidato a la Presidencia de la República en 2013 por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. En un pasaje delicado del ciclo político de los gobiernos progresistas en América Latina, la voz de Alberto Acosta es hoy una de las que con mayor lucidez y sistematicidad destaca los límites de la experiencia de gobierno de Rafael Correa en Ecuador, desde la izquierda a partir de un ejercicio crítico sin autocensura.

Massimo Modonesi: Quisiera que conversáramos del momento de los gobiernos progresistas y, obviamente, en particular del caso ecuatoriano, a partir de la idea que circula actualmente de fin de ciclo. Creo que se puede caracterizar el pasaje actual asumiendo que se resquebrajó la hegemonía, que terminó la etapa hegemónica. Me interesa que nos ayudes a caracterizar, en el contexto latinoamericano, la experiencia ecuatoriana de ese pasaje crítico. ¿Cuál es el lugar de la dimensión macroeconómica? ¿Cuál es el papel de los procesos políticos y los conflictos sociales? ¿Hubo o no construcción hegemónica? ¿Cuál es el alcance del llamado “posneoliberalismo”? ¿Cuáles son y dónde surgen las debilidades actuales? ¿Cómo se dio esa ruptura entre gobiernos progresistas y movimientos sociales y populares?

Alberto Acosta: Voy a tratar de responder a tus preguntas desde varios aspectos. El primero es que éste es un gobierno con una serie de luces y sus correspondientes sombras. Es difícil llegar a establecer una línea demarcatoria para decir esto es lo positivo y esto lo negativo. Pues hay elementos dignos de ser resaltados que, a la vez, ameritan críticas profundas. Puedo mencionar varios casos y ejemplos. En la actualidad vivimos un momento crítico desde una perspectiva no sólo económica sino política.

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Este gobierno se enfrenta a los movimientos sociales con una respuesta represiva, racista, que da cuenta de una lógica perversa. ¿Por qué lo digo? Porque este gobierno fue posible gracias a la lucha de estos movimientos sociales. Sin la lucha de esos movimientos sociales, movimiento indígena a la cabeza, movimiento sindical, movimiento de mujeres, de estudiantes, de ecologistas, de distintos grupos de la sociedad, no habríamos tenido el escenario que permitió el triunfo de Rafael Correa en las elecciones de 2006. Además, casi todos esos movimientos sociales estuvieron apoyando electoralmente al actual gobernante al inicio y fueron actores fundamentales para la aprobación de la Constitución de Montecristi, tanto por sus aportes e intervención activa durante el debate constituyente como, luego, en la aprobación del referéndum en septiembre de 2008. Ésta es una primera contradicción, una gran contradicción. Este gobierno surge como resultado de esa lucha, emerge del proceso popular, y luego esos sectores populares, que lideraron ese proceso, son víctimas de los ataques, de las agresiones, de la represión, incluso del racismo impulsado por el gobierno de Correa.

Luego anotaría que los problemas políticos que vivimos comenzaron a surgir antes del fin del “consenso de los commodities”, para usar un concepto de Maristella Svampa. Ese momento comportaba un escenario de precios altos de las materias primas, del petróleo para Ecuador; es decir, de ingresos abundantes, que representaban la posibilidad de realizar obra pública significativa, lo cual se hizo, no se puede negar. Pero te encuentras con que los problemas políticos y aun económicos surgieron antes de la crisis económica provocada por la caída de la cotización del petróleo y la apreciación del dólar, algo letal para una economía dolarizada como la ecuatoriana. Basta recordar que las protestas sociales no son recientes.

A primera vista, alguien que no tiene mucho conocimiento de la realidad ecuatoriana o que la ha estudiado en los últimos meses podría decir que la protesta surgió debido a los cambios propuestos en la Ley de Herencias o al proyecto de Ley de Plusvalías. Falso. No niego que eso incrementó la protesta, o fue la gota que derramó el vaso, sobre todo en los sectores medios y acomodados de la sociedad, los cuales mantuvieron un silencio cómplice con el correísmo, mientras consumían y acumulaban como nunca. Hay que tener presente que las protestas empiezan en sectores populares mucho antes. Desde 2014 hay un proceso de resistencia que se cristaliza en marchas cada vez más multitudinarias en junio, septiembre y noviembre de ese año, que se replican con más gente en marzo y el 1 de mayo de este año. Además, paulatinamente adquieren una característica novedosa: son marchas multiclasistas, con trabajadores, indígenas y otros sectores populares que involucran también algunos de las clases medias. La resistencia masiva surge porque el terreno se calentó, las calles se calentaron por las acciones de los sectores populares, con una larga lista de reclamos al gobierno.

Cuando el gobierno plantea la Ley de Herencias y la posibilidad de una Ley de Plusvalías —con las cuales en principio, conceptualmente, estoy de acuerdo—, exacerba a sectores medios y a ciertos grupos poderosos que habían participado de los beneficios de la bonanza económica vivida del país. Mientras consumían no les importaba, no se quejaban mucho; les molestaba un poco el estilo del presidente, pero en el fondo esos sectores medios eran comensales de la bonanza petrolera registrada en Ecuador; y los grandes grupos económicos, los principales beneficiados de esta gestión, tampoco se incomodaron. Correa les satisfacía en muchas de sus apetencias, sobre todo en la posibilidad de acumulación fácil, ociosa del capital, sin mayor inversión; es decir, sin mayor complicación. Estaban acumulando como pocas veces en la historia, y se mantenían estructuras oligopólicas impresionantes.

¿Lo que marca un punto de inflexión en la magnitud de la protesta y quiebra la capacidad hegemónica del gobierno es el descontento de sectores de clase media porque constituye la base social del correísmo?

El correísmo surge en 2006, con una gran alianza de sectores medios especialmente; Correa más bien, no el correísmo, que aparece después y que yo diferenciaría. Correa gana gracias a un gran aporte de los sectores medios. Si se analizan las cifras de las elecciones de 2006, se observa que el candidato opositor de la derecha en esa época tenía mayor votación de los sectores populares. Ahora eso cambia: Correa va ganando sufragios en los sectores populares.

Por las políticas sociales y las políticas de gasto público…

El bono de desarrollo humano, por ejemplo. En general, la base de respaldo de Correa se nutre de un consumismo en auge.

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Vi que en el prólogo del libro coordinado recientemente por Francisco Muñoz de crítica al correísmo, retomas la idea de que se trata de un bonapartismo. En esta obra también retoman la hipótesis que planteé en 2012 de que, a grandes rasgos, los gobiernos progresistas en América Latina configuran revoluciones pasivas, transformaciones socioeconómicas impulsadas desde arriba, pero con la condición de frenar la activación de sectores populares y volverlos a llevar hacia la subalternidad.

Por supuesto, pero eso ya no es revolución sino distribuciones pasivas, procesos de distribución de los ingresos que, simultáneamente, desactivan la organización social.

En junio, poco antes de la llegada del papa Francisco, cuando se plantean estas leyes polémicas, hay una movilización más de los sectores medios y de grupos de la derecha, que asumen el liderazgo temporal de la protesta. Los sectores populares tratan de reposicionar en otros escenarios su liderazgo, hacen algunas marchas, poco numerosas, pero combativas, rebeldes, pacíficas. El gobierno retrocede, al menos temporalmente, por la visita del papa, y ofrece un diálogo nacional, escogiendo a los interlocutores.

Pero el movimiento indígena y de trabajadores, concentrados en una coordinadora popular, responde con otras actividades que le permiten retomar el liderazgo en la lucha política. Una marcha empieza el 2 de agosto en una provincia alejada en la frontera: Zamora Chinchipe, que empieza en la provincia Tundaime, a más de 800 kilómetros de distancia, donde se desarrolla el primer proyecto megaminero. Esta marcha genera gran solidaridad. Luego, el levantamiento indígena del 10 de agosto y el paro nacional del 13. Esto provoca una serie de movilizaciones en todo el país, no sólo en Quito, sobre todo en la Sierra y en la Amazonía, que marcan un proceso de recuperación del liderazgo de parte del movimiento popular y abren la puerta a una posible tercera fuerza.

¿Por qué esto es interesante?

Los movimientos sociales, todos estos grupos liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores, no son lo que dice Correa, peones de la derecha, sino algo muy diferente. No hacen el juego a la derecha del siglo xx, al banquero candidato, al alcalde de Guayaquil ni a la derecha del siglo xxi liderada por Correa. Emerge otra fuerza social, política, y no sé cuál sea su evolución.

Que al mismo tiempo tiene dificultades de reconstrucción, pues también fue muy golpeada por el proceso-proyecto progresista, pasivizador, redistributivo, pero con fuertes consecuencias desmovilizadoras.

Ya que se toca el tema, no hay redistribución de la riqueza: hay distribución de los ingresos excedentarios. Este gobierno, el que más tiempo ha estado en funciones en toda la historia de la república, cumplirá nueve años, y esperemos que llegue a 10.

Salvo el periodo de Velasco Ibarra.

Claro, pero el gobierno de Velasco Ibarra fue fragmentado en el tiempo; mejor sería hablar de sus gobiernos, cinco en total, de los cuales concluyó sólo uno. El gobierno de Correa tiene además, como aspecto a favor, la mayor cantidad de ingreso económico en la historia. No sólo por el tiempo sino por el volumen. Nosotros empezamos a exportar petróleo en agosto de 1972; hace 43 años exactamente zarpó el buque Ana Cortés, de la Texaco, así se llamaba, y hemos recibido cualquier cantidad de dinero. Si ponemos el dinero recibido durante estos 43 años, a valor de 2007, cuando inicia este gobierno, éste, en 8 años, se ha llevado 41 por ciento de los ingresos; hablamos de mucho dinero. Ha tenido otros ingresos. Las remesas de trabajadores migrantes ecuatorianos en regiones del exterior que superan el banano, segundo rubro de exportación del país, el acceso a crédito, sobre todo chino, por ejemplo.

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También se ha beneficiado, con seguridad, de una importante cifra de narcodólares. Una economía dolarizada al lado de dos potentes economías atravesadas por el narcotráfico es muy atractiva para atraer esos recursos. Por otra parte, reconozco el esfuerzo de aumentar el cobro de impuestos; un destacable esfuerzo del Sistema de Rentas Internas. Pero este gobierno, además, tiene un marco jurídico constitucional propicio para transformaciones estructurales y, en ese contexto, un amplio respaldo popular.

¿Pero qué ha hecho el gobierno? No ha habido transformaciones estructurales en términos de revolución. Ya en el tema de la distribución de los recursos, los ingresos han sido mayores y mejor utilizados, en el seguro social, educación, salud, vivienda popular, bienestar, como el bono de desarrollo humano. Hay mejoras salariales, innegables. Las hay que promueven en algo el empleo. Pero no se atacó la concentración de la riqueza. Los gobernantes mismos reconocían en un documento interno que el proceso puesto en marcha llevaba a que, “en síntesis, nunca antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor, nunca antes los más excluidos de la patria estuvieron menos peor”. Ésa es la esencia.

Ha habido dinero para mejorar las condiciones de amplios sectores de la población, vía redistribución de los ingresos adicionales. La pobreza declina, aunque no tan rápidamente como luego de la crisis de 1998-2000. Pero es obvio, tras la crisis tan aguda, la pobreza se reduce al inicio más rápido; luego es cada vez más difícil reducirla porque hay temas estructurales. Sin embargo, se reduce la pobreza, hasta 2012.

Aunque no tanto las desigualdades. Un reciente artículo de Pierre Salama, en Nueva Sociedad, demuestra que, con otros enfoques analíticos, en los países gobernados por fuerzas progresistas, los patrones de desigualdad no han sido modificados sustancialmente, pese a que vastos sectores sociales salieron de la pobreza extrema.

Eso hay que reconocerlo. El problema es que por no afectar las estructuras de acumulación y seguir con la misma lógica económica y social capitalista, el resultado necesariamente, haciendo las cosas mejor, según Correa, conduce a que los ricos sean más ricos, pues el sistema genera esa concentración. Entonces tenemos situaciones increíbles: las dos mayores empresas telefónicas del país, una es de Carlos Slim, Claro, y la otra es Telefónica Movistar, controlan más de 73 por ciento del mercado. Han llegado a tener utilidades anuales sobre patrimonio neto superiores a 38 por ciento. Esas estructuras oligopólicas, de ganancias extraordinarias, no han sido afectadas con este gobierno. Cervecería Nacional y Coca-Cola controlan 71 por ciento del mercado de bebidas; Pronaca, 62 del de carnes; Ómnibus, 72 del de vehículos; Indurama, 85 del de electrodomésticos; 5 empresas (con 3 dueños), 91 del de azúcar; 2 empresas, 92 por ciento del mercado de aceites, y así por el estilo.

En cuanto a la banca, el gobierno mismo ha admitido que ésta es una de las grandes beneficiadas durante su gestión. En efecto, entre enero y mayo de 2015 los bancos ganaron 132 millones de dólares, 7.8 por ciento más que en los mismos meses de 2014 (122 millones). En todo 2014, los bancos ganaron 335 millones, las segundas mayores ganancias en los últimos 10 años, superadas sólo en 2011, con 395 millones de dólares.

Ésa es la realidad actual.

En cuanto a los equilibrios políticos, hay una derecha que vuelve a asomar la cabeza, pero quién sabe si tenga fuerza para disputar el terreno electoral a nivel interclasista y con proyección nacional, pues no deja de haber una inercia del correísmo, una fuerza electoral difusa, en buena parte anclada a relaciones clientelares o a la gratitud respecto de ciertos beneficios recibidos en los años recientes. Dices que unos sectores populares y varios movimientos sociales se despliegan y se politizan, y configuran así una tercera fuerza. ¿Hay un fin de ciclo de los gobiernos progresistas? ¿Cómo ves la correlación de fuerzas? ¿Puede la derecha disputar el poder político o vamos a ver el correísmo debilitado pero manteniéndose a flote?

El correísmo está debilitado, ha perdido la iniciativa, pero todavía tiene mucha fuerza y está dispuesto a vender cara su derrota; no resultará fácil. Las respuestas del gobierno son cada vez más violentas en línea de la represión. No puede concluirse que el correísmo ya está derrotado; está presente e, incluso, sin Correa puede mantenerse así.

¿Hay correísmo sin Correa?

Puede seguir no como partido o movimiento, pero quizá los elementos que lo configuran se mantengan un tiempo. Lo que fue una propuesta democrática, de democracia radical, digámoslo claramente, se transformó en una propuesta y práctica caudillesca. Correa terminó por asumir el papel de portavoz de la voluntad política colectiva: él, sólo él, conoce los problemas y las soluciones; sólo él sabe lo que la gente quiere, interpreta el sentir popular, y es el único que puede cristalizar esas ideas. Esto lleva a una posición binaria: conmigo o contra mí; es decir, con “la revolución” o contra ella. No hay espacios para disensos o cuestionamientos que no graden a Correa, el caudillo del siglo xxi.

Lo que fue inicialmente un proyecto para que gane —como decíamos en 2006— un pueblo y no una persona supone ahora un proyecto dominado por una persona que controla al pueblo a través de múltiples mecanismos, y eso se refleja en unas estructuras del Estado, a la vez, controladas por el presidente. Por ejemplo, la justicia, los jueces son “leales”, entre comillas, al pensamiento del presidente y no a la justicia. El Consejo Nacional Electoral está dominado por el partido y el movimiento político de gobierno. La Corte Constitucional es una caja de resonancia de la Presidencia de la República. Lo que creíamos que iba a ser una construcción importante para democratizar la sociedad, el quinto poder o la Comisión de Participación Ciudadana de Vigilancia, que tiene que ver con la transparencia, está también controlada por el gobierno.

Entonces, el problema es cómo dar paso a una descorreización, lo cual no pasa sólo por salir de Correa. Este reto resulta mucho más complejo, y para los movimientos sociales el tema se presenta muy difícil. Recordemos que los movimientos sociales y los grupos de izquierda han sido los más golpeados por este gobierno.

Al principio, el gobierno arremetía contra los banqueros, los grandes grupos de poder, llamados por Correa los pelucones, que ya no se asoman en sus discursos. Ya no ataca a los grandes grupos económicos; sus enemigos son ahora la izquierda y los movimientos sociales.

Para responder tu pregunta, lo preocupante es que estas fuerzas no tengan capacidad suficiente para expresarse electoralmente y que sólo reúnan capacidad de movilización que aprovechen determinados sectores de la derecha en disputa por el control del Estado. La derecha, los grandes grupos económicos en general están muy contentos con Correa, quien les sigue ofreciendo grandes beneficios. Y la otra derecha está afuera, disputando esos espacios. Podríamos llegar a una situación perversa en que la opción sea, si hay una segunda vuelta electoral, que los dos candidatos sean de la derecha, una derecha del siglo xxi, liderada por Correa, la del siglo xx. Resulta lamentable que la izquierda que hizo el trabajo de resistencia, pues sufrió los peores golpes del correísmo, parezca sin capacidad política electoral para enfrentar este momento histórico.

Abro un paréntesis. Tú y yo, con otra veintena de intelectuales Maristella Svampa y Boaventura de Sousa Santos, entre otros, firmamos una carta en defensa de algunas ONG bolivianas denunciadas y atacadas verbalmente por el vicepresidente Álvaro García Linera, en cuya contestación dijo que nos habían manipulado. ¿Tienes algún símil que establecer entre este episodio y el discurso que se construye aquí, a lo mejor de forma más extrema?

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Son gobiernos que pusieron su brújula hacia la izquierda, pero que ahora la orientan hacia la derecha. En lugar de fortalecer gobiernos sostenidos desde lo comunitario para construir otro tipo de Estado, han consolidado Estados verticales y autoritarios. En lugar de abrir la puerta a acciones postextractivistas, profundizan el extractivismo y, con eso, la dependencia. En síntesis, son gobiernos que modernizan de manera autoritaria y hasta tecnocrática el capitalismo, gracias a lo cual consiguen cambios no alcanzados por los gobiernos de la época neoliberal.

Al inicio, el gobierno de Correa ponía direccionales a la izquierda y giraba a la izquierda; eso duró un par de años. Luego comenzó a poner direccionales a la izquierda y girar a la derecha; hoy ya pasó eso. En la actualidad ha llegado a poner direccionales a la derecha, hacia donde se dirige cada vez más su accionar.

Uno podría decir que, de cualquier manera, en la revolución ciudadana había un principio de indefinición, de transversalidad social, todos son ciudadanos, a lo cual subyace la idea de que todos deben prosperar, y progresará más quien mayores recursos tenga, en la idea de igualdad de oportunidades no de derechos.

En el debate sobre lo ciudadano podemos hacer una interpretación diferenciada. En esto, Correa y su gobierno asumieron el discurso del ciudadano, del individuo y de una lucha contra las corporaciones en general. Para aquél, es igual luchar contra las asociaciones de banqueros o contra las organizaciones de indígenas, de sindicatos o cualquier agrupación social; una perversidad.

Pero podríamos ir descubriendo y construyendo otro tipo de ciudadanías: la colectiva, a partir de los derechos colectivos; y una suerte de metaciudadanía: la ecológica, cuando hablamos de hacer cumplir los derechos de la naturaleza, plasmados en Montecristi y que no interesan a Correa.

Otro aspecto por destacar: este gobierno, como los demás progresistas de la región, que no pueden ser asumidos como de izquierda, ha desarrollado prácticas represivas y de disciplinamiento de la sociedad civil. En Ecuador, cual sucede en Bolivia, el gobierno, a través del decreto 016, pretende controlar prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil, sean ONG o sociales. Para disciplinar a los servidores públicos expidió el decreto 813, con el cual puede darse paso a despidos en nombre de la “compra de renuncias obligatorias”. La criminalización de la protesta social, acogida al derecho a la resistencia, plasmado en el artículo 98 de la Constitución de Montecristi, supone un recurso represivo.

Y el discurso además es bastante agresivo respecto a esos sectores: quieres garantizar que tienes cubierto el flanco izquierdo para sostener el discurso de chantaje sobre la amenaza de la restauración de derecha y forzar la construcción de una base social más amplia de lo que le permite su actuación, sus alianzas y sus políticas.

Aquí, el discurso se sintetiza en la frase “No vamos a regresar al pasado”. En realidad, ese paso, oprobioso e indeseable, ya está presente en el gobierno de Correa. Este gobierno hace realidad un acuerdo de libre comercio, que tanto anhelaron los neoliberales, al suscribir el TLC con la Unión Europea. Propone las privatizaciones, camufladas como alianzas público-privadas. Y, sobre todo, reprime a quienes hicieron posible su aparición en el escenario político: los movimientos sociales.

El gobierno ya no tiene futuro. Al hablar de “no regresar al pasado”, se queda en el presente, que ya es pasado, como dijimos, y niega el futuro.

No se acepta la posibilidad de una opción de futuro a la izquierda.

El futuro de las izquierdas depende de su coherencia y organización, así como de su compromiso con la vida. No olvidemos que la humanidad enfrenta grandes retos. El sacrificio de la naturaleza y del trabajo humano en aras de la expansión planetaria del capitalismo sofoca cada vez más la vida. Dicho devenir destructor reproduce en sí mismo nuevas violencias. Y esto consolida un proceso de regresión política, el cual conduce a formas de creciente carácter totalitario-fascista de organización de la sociedad.

Enfrentar esta realidad, cargada de incertidumbres, es el compromiso que deben asumir las izquierdas. Con su denodado esfuerzo tenemos que dar sentido democrático a la lucha contra esta barbarie, de la cual ya nos advirtió Rosa Luxemburg.

Por eso digo que la revolución ciudadana es fundamentalmente pasiva, un impasse bonapartista, donde la amenaza de la restauración conservadora construye ciertas condiciones para la regresión, en ausencia de circunstancias para la revolución en un pasaje próximo, un impasse que se prolonga, se estanca y, eventualmente, retrocede y pasa de un carácter progresivo a otro regresivo.

Efectivamente. Las políticas sociales impulsadas desde esa línea desactivan los movimientos políticos, las organizaciones, los movimientos sociales en general. Son políticas clientelares, que no ayudaron a empoderar a las comunidades en la ejecución de los proyectos. Está bien reducir la pobreza, pero eso no sólo resulta insuficiente sino hasta peligroso si no se empodera a los pobres de su presente y su futuro. Ello es imposible con regímenes autoritarios y caudillescos, como el de Correa.

El marco gramsciano permite formular la idea de resubalternización; es decir, de reconfiguración desde arriba de las condiciones de la subalternidad, del ejercicio de la relación mando-obediencia. Cuando hubo cierta emergencia de movimientos populares, un proceso de constitución subjetiva antagonista y autónomo que rebasó las condiciones de subalternidad, surgió un proyecto-proceso que permitió reconstruirla sobre nuevas bases.

Ése es otro punto crítico, fundamental, diría. En la actualidad, en un escenario donde el racismo ha aflorado de manera brutal, en una sociedad racista como la ecuatoriana y como en general las latinoamericanas, el peso de la colonialidad del poder aflora con redoblada fuerza. Cuando desde el gobierno se dice “de qué se quejan estos indios tales y cuales, si les hemos atendido como nunca, si les hemos dado cuanto querían”, asoma la vieja lógica de dominación de raíz colonial. No se busca ni se respeta a los actores con capacidad de respuesta propia, sino a seguidores.

En el plan de gobierno de Alianza País 2007-2011, elaborado en 2006, en una gran minga democrática, propusimos cambios estructurales. En el recuadro de presentación del texto decíamos que éste es el “resultado del esfuerzo de personas con espíritu crítico, comprometidas con la transformación radical que requiere Ecuador, de personas que ejercen su derecho a proponer y a construir. Ésta es una demostración práctica de la democracia del diálogo y del consenso que alentamos. Éste es, en suma, un trabajo en permanente construcción de pensadores y no de seguidores”. Ésa era la idea central. Ahora, el gobierno demanda exclusivamente seguidores…

Ya nos preguntamos, entonces, cómo empujamos un proceso de construcción colectiva. Y respondimos, poniendo en marcha “nuestros procesos de organización y diseñando nuestros programas de vida, sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretende asumir el papel de iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

¡Cuán lejos estamos de esos planteamientos iniciales! Abruma constatarlo. Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones. ¡La lucha continúa!

Ver artículo original en: http://revistamemoria.mx/?p=706

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