Fernando Vega
Ex-asambleísta constituyente de Alianza País
Ciudadano con C.I. 010136479-2
3 de marzo del 2011
La motivación y el argumento principal que inspira la propuesta de reforma constitucional que el presidente Rafael Correa propone en la consulta popular es el combate a la inseguridad. Ciertamente que uno de los factores que inciden en la inseguridad que vive el País es la inoperancia y la corrupción de la justicia. Sin embargo hay que preguntarse si la iniciativa presidencial va o no a contribuir a la creación de más seguridad en el Ecuador.
A no ser que pretendamos reducir la seguridad a cuestiones puramente policiales y de control delincuencial, el concepto de seguridad ciudadana es mucho más amplio y complejo y tiene que ver con valores fundantes de la vida misma y la convivencia comunitaria. Seguridad, confianza, certeza son condiciones que hacen posible la previsión, la organización y el intercambio necesario para el funcionamiento de las relaciones interpersonales en todos los niveles desde lo familiar, lo social, lo político.
La seguridad, la confianza y la certeza hacen referencia a la estabilidad y permanencia de los ordenamientos cósmicos, de los pactos y acuerdos sociales, de las leyes y las instituciones. Sin ellas lo que reinaría sería el caos, la arbitrariedad y lo imprevisible. Gracias a estos valores la ciencia ha logrado avanzar, las actividades humanas se desarrollan con relativa normalidad, los conflictos pueden resolverse muchas veces de manera civilizada entre personas, entidades y naciones.
Tras este preámbulo dediquemos nuestra atención a lo que está en juego en la coyuntura política a la que nos avoca la inconsulta consulta del Presidente: la seguridad jurídica. El diagnóstico que llevó a la propuesta de la revolución ciudadana partió de la constatación de la crisis histórica, endémica y terminal en la que se encontraba la justicia ecuatoriana. Ningún ecuatoriano podía estar seguro de la justicia, nadie confiaba en la justicia, la mayoría no tenía ninguna certeza de que, llegado el caso, se le hiciera justicia. La proliferación del recurso a la justicia por mano propia o el recurso a la justicia divina como instancia en el más allá explican la amarga experiencia de que “aquí no hay justicia”, en ese aquí temporal y territorial en el que vivimos.
Refranes populares como “la ley se acata pero no se cumple”, “hacha la ley hecha la trampa”, “la justicia es para los de poncho”, “el que tiene padrino se bautiza”, “la ley del embudo”, etc, etc, revelan la amarga experiencia acumulada desde la época colonial e incrementada en el período republicano de una justicia secuestrada por las clases dominantes para poner la reglas gracias a las cuales los pobres siempre serán los perdedores y los poderosos los ganadores. Los últimos treinta años de vida jurídica no hicieron sino acrecentar el desobligo de los ciudadanos frente a las leyes y a las instituciones que servían para perseguir a enemigos políticos y garantizar la impunidad de los corruptos. Desde la Constitución hasta los reglamentos parecían hechos para ser violados y manoseados, desde los altos tribunales hasta las comisarías los jueces tenían precio y respondían al mandato de sus dueños.
Ante este panorama desolador, la Mesa de Justicia y Anticorrupción de la Asamblea Constituyente de Montecristi, tras largas deliberaciones, estudios de legislaciones comparadas y análisis de las mejores prácticas en países donde la justicia había logrado superar los viejos vicios, y no sin oposición de ciertos sectores que veían amenazadas sus prebendas y sus privilegios, presentó al pleno de la Asamblea y luego a la ciudadanía una propuesta que permitiera atacar las causas y remediar las consecuencias de los males que aquejan a la justicia ecuatoriana. Sentó los principios para una administración de justicia accesible, ágil y gratuita, fortalecidos luego con un fortalecimiento de la defensoría pública y la fiscalía. Propuso una institucionalidad que garantizara la independencia interna y externa de la función judicial. La mesa participó en los borradores para el diseño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que garantizara la idoneidad y probidad de los operadores de justicia ordinaria y constitucional.
La propuesta requería de patriotismo, voluntad política y perseverancia, para que la institucionalidad diseñada en Montecristi cuajara en el tiempo: Solo así, con el correr de los años, manteniendo los principios fundamentales y el rumbo trazado, se podría cosechar los frutos de una siembra hecha con esperanza para que, por fin, los ecuatorianos pudieran saciar esa “sed de justicia y honestidad” que constituye parte del clamor popular por el cambio y la transformación necesaria. Solo así el Ecuador será un Estado constitucional de de derechos, donde la justicia funcione y todos, sobre todo los poderes constituidos, nos sometamos a la Constitución y las leyes. ¡Qué soñado el hermoso día en que los ciudadanos pudieran confiar en la justicia, asistir a los tribunales y encontrar justicia gratuita, pronta y oportuna, sin discriminaciones de ningún tipo!
Apenas pasados dos años, el presidente Correa nos propone combatir la inseguridad con más inseguridad mediante una receta homeopática de dudosa procedencia: volver a las viejas prácticas de la partidocracia. Pregunto ¿Tras la consulta y las reformas constitucionales sancionadas por el pueblo, los ecuatorianos tendremos seguridad, confianza y certeza de que la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía y Procuraduría, Asamblea nacional legislativa y Jueces en general actuaran apegados a lo que es justo, bueno y conveniente para el Estado y los ciudadanos? Me temo que el propio presidente nos está dando un mensaje desbastador: “Solo yo soy confiable, crean en mi”. Aún antes de que el pueblo declare al presidente Correa mentor de la justicia, sobran ejemplos del sometimiento de funcionarios y jueces a la voluntad presidencial expresada en las cadenas sabatinas. Si no actuamos responsablemente en la próxima consulta popular, ¡no hace falta mucho para que el presidente Correa llame por teléfono a sus jueces como en otros tiempos lo hacía León Febres Cordero!
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