Armadillo, otra papa caliente…

Revista Vanguardia,

Quito, 26 de junio del 2011

 

El 10 de agosto del 2009, hace casi dos años, una madre y sus hijos caminaban por un sendero abierto en la selva, en una comunidad de colonos, Unión 2000, junto a una plataforma petrolera de nombre “Hormiguero Sur” cuando fueron atacados por enormes lanzas de chonta y murieron. Un año antes, en marzo del 2008, un trabajador de la madera fue muerto de la misma forma, atravesado con lanzas, en el sector llamado Armadillo, mientras aserraba un árbol. Se habían iniciado los trabajos de sísmica en la zona. Y el Ministerio del Ambiente, a través de su Plan de Medidas Cautelares, pedía, en ese entonces, que se suspendieran esos trabajos hasta tener más información sobre la presencia de pueblos indígenas que aún viven aislados en la selva ecuatoriana.

La convocatoria a licitación del campo petrolero donde están los pueblos protegidos por la constitución es un viraje del Estado.

 

El 10 de agosto del 2009, hace casi dos años, una madre y sus hijos caminaban por un sendero abierto en la selva, en una comunidad de colonos, Unión 2000, junto a una plataforma petrolera de nombre “Hormiguero Sur” cuando fueron atacados por enormes lanzas de chonta y murieron. Un año antes, en marzo del 2008, un trabajador de la madera fue muerto de la misma forma, atravesado con lanzas, en el sector llamado Armadillo, mientras aserraba un árbol. Se habían iniciado los trabajos de sísmica en la zona. Y el Ministerio del Ambiente, a través de su Plan de Medidas Cautelares, pedía, en ese entonces, que se suspendieran esos trabajos hasta tener más información sobre la presencia de pueblos indígenas que aún viven aislados en la selva ecuatoriana.
En el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares luego de la matanza, en agosto del 2003, de una veintena de mujeres y niños en un asalto, por parte de un grupo waorani de Tigüino, impulsado por intereses madereros. El Estado ecuatoriano las había acogido y daba pasos en ese sentido: en el 2007, el último decreto del gobierno de Alfredo Palacio, señalaba una zona intangible para la protección de esos pueblos. Poco más tarde, el gobierno de Rafael Correa hacía pública su Política de Protección para los Pueblos Tagaeri-Taromenani, en un acto realizado en Carondelet. En el 2008 se creó, desde el Plan de Remediación Ambiental y Social, PRAS, del Ministerio del Ambiente, una oficina dedicada a hacer cumplir esas medidas cautelares, PMC. Se estableció un puesto de control en Shiripuno y luego allí se construyó una gran edificación a la cual se ha llamado Estación de Monitoreo de la Zona Intangible.
La muerte de esta madre y sus dos hijos, en el 2009, provocó cambios de ruta en la agenda del PMC. A pesar de haber peinado la selva en sobrevuelos de avioneta para un estudio de información geográfica, y a pesar de haberse pronunciado contra los trabajos de sísmica en esos mismos campos, el acontecimiento les tomó por sorpresa.
El ataque ocurrió fuera de la llamada Zona Intangible, cerca de la población de colonos, en una frontera agrícola que ha ido internándose en el Parque Nacional Yasuní y en el territorio waorani, en vías alternas por donde, además, salían continuamente maderas finas como producto de la tala ilegal.
La Zona Intangible se había definido, no tanto por los patrones de movilidad o sobre la base científica de presencia de estos pueblos entre los ríos Nashiño, al norte y Curaray, al sur, sino más bien sobre la base del mapa petrolero. El lindero de los bloques marcaría que se guarde una zona libre de cualquier tipo de explotación, sea hidrocarburífera, maderera o minera. Sabido era ya, en ese momento, que los pueblos llamados en aislamiento, no conocen esas fronteras y que, para guardarlos y protegerlos, hay que saber dónde se encuentran, dónde asientan sus casas, dónde siembran sus alimentos, cuáles son sus recorridos y dónde han ocurrido hechos que revelen su presencia.
El suceso también develó las contradicciones del Estado en el tema: por un lado iban los planes de protección y por otro los planes de extracción.
Se dejaron ver las costuras dentro del propio gobierno. Una declaración del entonces gerente de Petroecuador, hoy ministro de Recursos No Renovables, en un canal de televisión era contraria a las afirmaciones de un funcionario del PMC. Los funcionarios del PMC fueron despedidos, mientras que el gerente de Petroecuador pasaba a ser secretario de Estado. El propio presidente Correa, en su cadena radial 173, en mayo del 2010, dijo, por un lado, que el Ecuador debiera tener un premio por tener pueblos no contactados en su territorio y que, en lugar de ello, recibe demandas. Sobre el caso Armadillo, en particular, manifestó que “quieren cerrar Armadillo porque se vio cerca de grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados de Quito y tengamos que desalojar Quito. No tiene sentido. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a estos pueblos, pero a qué costo”.
El PMC había trabajado con agenda propia, casi sin relación con los demás ministerios, hasta que se creó una Comisión Interministerial para tratar el espinoso tema de la protección de los grupos llamados sin contacto frente a las urgencias de explotación petrolera en la zona. En el tema hay posiciones irreconciliables: desde la creación de tres “zonas núcleo” libres de cualquier extracción (Zona Waorani, Zona Yasuní, Zona Tagaeri Taromenani), propuesta planteada por Unesco y su Programa Yasuní, que significaría el adiós definitivo del Ecuador a los ingresos petroleros, pasando por la ampliación de la Zona Intangible a territorios donde hay evidencias de presencia de estos pueblos, hasta la negación total de su existencia, por parte de los sectores que apuestan por la extracción petrolera.

El tema del PMC salió del Ministerio del Ambiente y pasó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al empezar el 2011. El proceso de transición empezó en enero de este año. Y ha tomado su tiempo. Tiempo que se alargó aún más con cambios en el interior de esa cartera cuando el ministro José Serrano pasó a ser cabeza del Ministerio del Interior y dejó Justicia. Nuevo ministro. Nuevos funcionarios y un plazo de traspaso de información y funciones que tiene por fecha el 30 de este mes. Nadie para hacerse cargo de la papa caliente, sobre todo, en el terreno, donde la expansión de la frontera agrícola, la inseguridad de los colonos sobre el futuro de sus fincas debido a rumores de reubicaciones, la actividad hidrocarburífera de empresas que operan en el bloque 17 (Andes Petroleum) y la posibilidad de explotación del Campo Armadillo, han quedado sin respuestas.

 

Una demanda y otras acciones
El 29 de marzo del 2011, la Conaie puso una demanda de etnocidio contra el presidente Rafael Correa y más de una veintena de funcionarios. La demanda incluía antecedentes de acontecimientos ocurridos desde el contacto del Instituto Lingüístico de Verano con el pueblo waorani, a mediados de los años 50, hasta el contrato con el consorcio Gran Colombia, firma que, hasta enero del 2011, había sido adjudicada para los trabajos de exploración y explotación del llamado campo marginal Armadillo, pasando por la licencia para la explotación del Bloque 31.
La demanda fue deslegitimada. Los argumentos: que aún no se explotaba el campo Armadillo, ni el ITT, ni siquiera el Bloque 31. En la agencia oficial Andes, el 31 de marzo del 2011, es decir, hace menos de tres meses, el ministro de Recursos Naturales, Wilson Pástor, calificó de oportunismo político la demanda interpuesta por la Conaie. Y explicó que “en estos momentos no se está explotando el campo Armadillo ni el ITT”. Tenía razón. El Estado estaba en proceso de renegociación de contratos. La empresa Gran Colombia no renegociaba aún el suyo y finalmente, no se llegó a un acuerdo en los términos de la nueva contratación.
La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, hizo lo propio. Dijo a Andes que la demanda era un acto absolutamente político y que los dirigentes indígenas hablan de la explotación del campo Armadillo sin tomar en consideración que, más bien, en esa reserva el Estado tomó acciones de protección a los pueblos ancestrales. También tenía razón. Firmó muchos documentos y peticiones a las demás instituciones, solicitando que no se hagan allí ni trabajos de sísmica ni operación alguna, al menos desde el 2008. “Este ha sido el único gobierno que tiene una política de protección a los pueblos indígenas aislados y a su determinación. Adicionalmente el gobierno ha creado planes, acciones, actividades para reducir alguna situación de peligro, incluso en el campo Armadillo que es otra de las cosas que han declarado”, sostuvo la funcionaria en ese momento.
Los dirigentes indígenas manifestaron, de acuerdo a lo que recoge la agencia oficial en esa misma nota de prensa, que “aunque no ha habido la intención inicial de causar un etnocidio por parte de los funcionarios acusados, sin embargo el conocimiento cabal de que con sus decisiones administrativas pueden incurrir en dicho delito, los convierte en responsables por acción y/o por omisión”.
Lo mismo ocurrió con la reactivación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En mayo del 2010, los peticionarios de esas medidas enviaron una nueva solicitud al proceso abierto en el 2006 para la protección de los pueblos indígenas tagaeri-taromenani, alertando sobre el incumplimiento de medidas cautelares que significaría las operaciones en Armadillo. El Estado ecuatoriano respondió, mediante oficio de la Procuradoría, a esa solicitud, explicando los avances en medidas de protección. En dicha explicación se mencionaba la Política Nacional para pueblos indígenas en aislamiento e incluso se daba cuenta de las visitas de campo de los funcionarios de los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa, en julio del 2010, quienes verificaron en ese momento la inexistencia de actividades petroleras y ausencia de todo tipo de actividad extractiva en el sector del campo Armadillo.
Localmente, en Orellana, es decir, donde las papas queman, también se hicieron algunas acciones. La Defensoría del Pueblo de Orellana, acogiendo un pedido de acción de protección del Comité de Derechos Humanos se pronunció enviando sendas cartas a los distintos estamentos involucrados en el tema. Su pedido quedó en una negativa de acción de protección por parte del juez de Orellana, emitida en abril del 2010.
La Iglesia también se pronunció entonces. El Vicariato de Aguarico, que ha seguido el tema desde la muerte del obispo Alejandro Labaka en 1987, en enero de este año, escribió al Ministerio de Justicia solicitando una moratoria en la zona, con las mismas palabras que Labaka empleara en 1976…
La nueva licitación del campo Armadillo se hizo pública el domingo 19 de junio, como parte de la Décima Ronda Petrolera. Vanguardia conoció que entre los funcionarios del Ministerio de Justicia y DD.HH. también hubo malestar sobre el tema.
El Estado sabe, lo ha podido verificar, que, al menos un grupito de indígenas aislados tienen su casa y sus chacras a dos días de camino de Armadillo, dentro del territorio waorani. Lo han podido comprobar en distintos sobrevuelos, uno de ellos, realizado a partir de la alerta de un guía de turismo que vio una casa y unas chacras durante un sobrevuelo en helicóptero y que entregó las coordenadas de su avistamiento a los responsables del Plan de Medidas Cautelares. Esas presencias han sido ampliamente documentadas, no solo por el Ministerio del Ambiente sino también por la sociedad civil, antropólogos e investigadores que han actuado en la zona intangible.
El proceso de licitación apenas empieza. Probablemente la Conaie y otros sectores sociales reactiven la demanda inicial de etnocidio, ahora sí, con argumentos de peso. Difícil resulta juzgar un acontecimiento antes de que este suceda. Pero ahora, que ya salió la licitación de ese campo, puede darse la vuelta la tortilla. ¿Con qué argumentos se defenderá ahora el Estado frente a una posible demanda internacional?
Las empresas que quieran hacerse cargo de ese bloque tendrán que tomar en cuenta esas presencias. Imposible ignorarlas, más cuando detrás hay un manto de protección nacional e internacional a las mismas. O desisten de ello y no acuden a la licitación, o asumen las consecuencias de explotar un campo a todas luces conflictivo. Hace poco, en Perú, la empresa Conoco desistió de la explotación del bloque 39, en la frontera con Ecuador, por denuncias de organizaciones ambientalistas. En Armadillo pudiera suceder algo similar.

 

Correa, Chiriboga, Mera, Ponce, Alvarado…
Rafael Correa, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, José Serrano, Javier Ponce, Wilson Pástor, Marcela Aguiñaga, Derlis Palacios, Germánico Pinto, Ana Albán, René Ramírez, Grad. (sp) Fabián Varela, Fabián Jaramillo, Guillermo Granja, José Dapelo, Iván y Diego Aveiga del Pino, Luis Arauz, Manuel Ochoa, José Gómez…, son los funcionarios, ex funcionarios e involucrados en el pedido de investigación por presunto genocidio que: Marlon Santi (Conaie), Inés Shiguango, Olindo Nastacuaz, Clever Jiménez, Rafael Antuni (Pachakutik) y Fernando Villavicencio presentaron en la Fiscalía General. El escrito pide indagar en los actos administrativos y los hechos promovidos por varios funcionarios públicos por las situaciones de vulnerabilidad deliberada de los pueblos libres, de aislamiento voluntario: tagaeri, taromenani, oñamenane, iwene y otros, probablemente.
El artículo 57 de la Constitución ordena que: Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de pemanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


diecisiete − siete =