¿Cómo va a actuar el fiscal general, Galo Chiriboga, ante la decisión del juez Hernán Ulloa?

El 28 de septiembre de 1995, durante un llamado «juicio popular», Galo Chiriboga actuó (literalmente) en el papel fiscal acusador.

El veredicto de ese juicio fue: «El Estado es culpable de un manejo poco ético e ilegal de los fondos para los gastos reservados».

El episodio quedó registrado así:

El 28 de septiembre de 1995, durante un “juicio popular” en la Casa de la Cultura de Quito, un ciudadano hizo notar que ninguno los sindicados en el escándalo del presunto mal uso de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República era de raza negra.

La inesperada referencia parecería carecer de sentido alguno, si no fuese porque quien habló era un negro y porque, pocos días antes, el sábado 9 de septiembre de 1995, en un país que presume de democrático e igualitario, como es el Ecuador, dos jefes policiales -los coroneles Edmundo Egas, jefe del Regimiento Quito, y Aníbal de la Torre, jefe de la Oficina de Investigación del Delito (OID)- responsabilizaron a la “raza morena” de la ola de violencia delincuencial que vivía la ciudad de Quito.

El juicio popular, organizado por la agrupación civil anticorrupción “Manos Limpias”, y varias otras organizaciones de la llamada sociedad civil, fue denominado “Etica y Legalidad de los Fondos Reservados”.

El proceso fue representado al modo de los estrados estadounidenses: un juez, el fiscal, un equipo de defensores y un jurado encargado de evaluar los argumentos de la parte acusadora y de la defensa, para emitir el veredicto.

Como juez actuó el escritor y periodista Simón Espinosa. El fiscal fue el abogado Galo Chiriboga. La defensa no concurrió al juicio: se había invitado a Jorge Zavala Egas (un político próximo al vicepresidente Alberto Dahik), a Rodrigo Bucheli (para entonces abogado de Dahik) y a Freddy Bravo (diputado conservador estrechamente vinculado con el vicepresidente). Por ese motivo, Raúl Moscoso  hizo de defensor de oficio.

En calidad testigo de la parte acusadora  actuó  Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de los  Derechos Humanos.

El fiscal admitió como válido el testimonio del coronel (r) Jorge Cevallos F., ex director nacional del Movilización del Consejo de Seguridad Nacional, con el cual se evidenció que cuando los gastos reservados están sometidos a las leyes y a los fines y objetivos lícitos que persigue un gobierno, “son éticos”.

“Un país requiere tener una estructura jurídica que le permita tener estos gastos de seguridad si se los utiliza para fines absolutamente éticos en función del bien común de toda la sociedad ecuatoriana y no de una parte de esta”, según palabras del fiscal Galo Chiriboga.

El Jurado estuvo conformado por personalidades de diversos ámbitos de la cultura, la economía y la política ecuatoriana, como el escritor Jorge Enrique Adoum, el vicealmirante (r) Raúl Jaramillo del Castillo, la periodista Luz Elena Coloma y la economista y profesora universitaria Zonia Palán, entre otros.

Mientras ellos deliberaban a puerta cerrada, el público debatió en un foro abierto acerca de la crisis de corrupción que atraviesa el país.

Fue en esas circunstancias que un ciudadano negro rechazó las declaraciones racistas de la Policía, e insistió en que “los casos Flores y Miel-Irandina, y gastos reservados, no los hemos cometido los negros”.

Madres de familia, trabajadores y profesores intervinieron y rechazaron una posible renuncia del vicepresidente Dahik para eludir el juicio político en el Congreso Nacional: a la sazón el Parlamento se alistaba para la audiencia del juicio político al vicepresidente.

Finalmente, el Jurado leyó su veredicto: “El Estado es culpable de un manejo poco ético e ilegal de los fondos para los gastos reservados.”

Este hecho fue comentado por el diario “Hoy” así: “La sociedad se divide. La clase política en el Parlamento, la sociedad civil en un espacio cultural. En el juicio popular la gente tomó la justicia en sus manos -aunque sea de forma simbólica-“.

La dimensión escénica y teatral del juicio fue una expresión de la crisis institucional que vivía -y vive- el Ecuador como consecuencia de varios escándalos de corrupción y, especialmente, del relacionado con la presunta utilización dolosa de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República, al que, a nivel penal, se añaden otros posibles delitos.

Tomado del libro: CRÓNICA DE UN DELITO DE BLANCOS (Ediciones Ojo de Pez, 1996)

Autor: Diego Cornejo Menacho

Tu puedes bajarte el libro, gratis, de este link:

http://www.slideshare.net/ecuadordemocratico/crnicad

 

Así que: ¿Cómo va a actuar ahora el fiscal general, Galo Chiriboga, cuando es el fiscal general en realidad, y no un emocionado actor de sociodramas?

 

 

 

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