Diario Expreso, lunes 07-03-2011
Gaitán Villavicencio
Ojalá Cordero y PAIS lo consientan. Destacando que como dos funciones del Estado sus procesos e iniciativas son independientes y nunca se superponen entre sí, o condicionan, desde Montesquieu hasta el neoconstitucionalismo.
La situación institucional de la “Función de Transparencia y Control Social” o “Quinto Poder”, de la Constitución de Montecristi, por la decisión legal del Presidente de impulsar un referéndum está impidiendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-Cpccs posesione a los miembros de las otras funciones del Estado para continuar con la elección del Consejo Ciudadano de Selección para nominar al nuevo Consejo de la Judicatura, según el ordenamiento que el correísmo aprobó como “aplanadora”. Resaltando la actitud de sumisión y negligencia de la presidenta del Cpccs y de funcionarios del Ejecutivo que no permiten que el Consejo cumpla sus tareas constitucionales. Coincidimos con el asambleísta Murillo, con la interpelación en curso, ojalá Cordero y PAIS lo consientan. Destacando que como dos funciones del Estado sus procesos e iniciativas son independientes y nunca se superponen entre sí, o condicionan, desde Montesquieu hasta el neoconstitucionalismo.
La Constitución señala en el art. 204 que, “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”. Pero incumplen con intencionalidad sospechosa los consejeros con el art. 208 de la Constitución, en su numeral 12, “Designar a los miembros del […] Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente”.
Asimismo viola la “Ley Orgánica del Consejo de Participación Social”, el art. 56 sobre “Integración de las Comisiones” que dice, “Las funciones del Estado para designar a su delegado o delegada, tendrán el plazo de treinta días que correrá desde que sean notificadas con tal requerimiento, vencido el cual, si no han procedido a la designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los designará directamente, bajo prevenciones legales”. No caben las dilatorias a pretexto de que esperan las respuestas a consultas realizadas, como lo plantea la presidenta del Cpccs.
Las ilegalidades reseñadas vinculan a agentes gubernamentales y políticos-asambleístas, caso de los ideólogos de la participación, que han permitido esta situación, que actualmente no vacilan en desdecirse con sofismas. Preguntemos al respecto a “las intencionalidades e incondicionalidades del poder no a la ética”, como diría Jurgens Habermans, lamentablemente. El pueblo en algún momento les pedirá cuenta, no olvidemos al despertar árabe, frente a la ceguera política y extravío legal del poder que está provocando la desinstitucionalización del Estado de “papel y desechable”.
FUENTE: http://expreso.ec/ediciones/2011/03/07/opini%C3%B3n/columnas/entre-la-ceguera-y-el-extravio-/
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