Por Carlos Castro Riera
El inicio del procedimiento administrativo de disolución de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios -FUNDAMEDIOS- seguido por la Secretaría Nacional de Comunicación -SECOM- por supuesta intervención en temas políticos, aplicando el Decreto Ejecutivo 16 que puso en vigencia el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, constituye un nuevo elemento en la escalada de autoritarismo del gobierno nacional.
En esta ocasión está en juego el derecho de organización y de libre expresión, pues de interpretarse y aplicarse en la forma como se lo está haciendo, la prohibición de intervenir en asuntos políticos, entonces se podrían disolver todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales, sociales y ciudadanas, porque todas, al estar constituidas por personas humanas y ser parte de la sociedad, de una u otra manera están incursas en temas políticos, se pronuncian y participan en diversas formas, porque como decía Aristóteles solo los dioses y las bestias están fuera de la política, tanto que, para los antiguos griegos no solo era un derecho de los ciudadanos, sino un deber y la más alta cualidad ética participar en la vida de la polis.
Oportunamente se criticó la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 16 ya que, por una parte, la regulación del derecho de organización solo puede hacerse a través de una ley orgánica y no mediante Decreto Ejecutivo de conformidad con el Art. 103. 2 de la actual Constitución, y por otra, el Decreto 16 establece prerrogativas del Estado con normas de tanta amplitud y ambigüedad que terminan lesionando el derecho a la libre organización ciudadana.
Ahora en la práctica se puede evidenciar la verdadera intencionalidad que se tuvo al expedirse semejante Decreto con el que el poder mete sus narices y tentáculos en la organización ciudadana haciendo gala de un intervencionismo extremo que irrespeta las libertades, pues no se trata de un inocuo sistema unificado de información, sino de un cuerpo normativo que regula desde el nacimiento, organización, funcionamiento, actividades, información, derechos, obligaciones, régimen patrimonial, registro, capacitación y extinción de las organizaciones, que como una maraña jurídica persigue el control político de las organizaciones ciudadanas para hacerlas funcionales al poder de turno.
Ni en la época de la llamada partidocracia los gobiernos metieron la mano en la organización ciudadana para controlarla, acallarla, inmovilizarla y subyugarla a los intereses del poder y para muestra compárese el contenido del Decreto Ejecutivo 3054 del ex Presidente Gustavo Noboa promulgado en el R. O. 600 del 11-IX-2002 con el Decreto Ejecutivo 16 del actual Presidente, y se podrá constatar el retroceso histórico.
En esta escalada de autoritarismo se está pasando a una peligrosa etapa de perseguir las ideas críticas a través de la utilización de la institucionalidad estatal de varias formas con fines persecutorios y tal parece que ya se está siguiendo al pie de la letra los métodos represivos de Venezuela. Ayer se arremetió contra la opinión de escritores, luego de un jerarca católico, ahora contra una ONG relacionada con la comunicación social.
Erigirse el gobierno en árbitro de quienes pueden expresar las opiniones políticas y quienes están prohibidos, es llegar bastante lejos e identificarse como un régimen conservador, represivo y reaccionario.
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