Durante la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente al Enjuiciamiento Político de los Integrantes del Consejo de la Judicatura, realizada este jueves 5 de mayo, la Asambleísta Betty Amores, Vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, sostuvo que en la sesión sólo será posible iniciar el debate del juicio político, puesto que no existía el número mínimo indispensable de asambleístas asistentes, para adoptar una decisión.
Dijo que: Este juicio demuestra que aún con las dificultades y la falta de voluntad política necesaria demostrada en juicios a otros funcionarios públicos, no obstante, existe este mecanismo constitucional para destituir a los integrantes del máximo organismo de regulación y control del sistema judicial. Por consiguiente, queda claramente demostrado que para lograr el reemplazo de los vocales del Consejo de la Judicatura, no era necesario que se invite a toda la población a violar flagrantemente nuestra Constitución de la República, a través de la consulta.
Por otra parte aclaró que éste no es el consejo descrito en la norma constitucional, este Consejo es la herencia del pasado, ellos son los representantes de grupos y sectores que tienen intereses creados en los temas que se debaten en su interior. Precisamente, la presencia de estos sectores interesados, es lo que se pretende impedir en la Constitución de Montecristi. Pero, pueblo ecuatoriano esto es lo que nos ha impedido el Presidente Correa a través de su consulta.
Un asambleísta se rasga las vestiduras señalando que éste es un “juicio histórico”. Esto, afirmado precisamente por quien, sin importar si se justifican o no causales para una destitución, suele definir en la Comisión de Fiscalización Control Político, si hay o no juicio político a funcionarios del gobierno, porque él es la caja de resonancia de la voluntad suprema del Ejecutivo.
De toda esta etapa y, me refiero también a la Consulta Popular, salimos varios damnificados, y me incluyo, porque la Asamblea de la que todos formamos parte, sale también tremendamente golpeada. El mecanismo de destitución inmediata que se incluye en las preguntas de la Consulta, invade la facultad de fiscalización de la Asamblea. A esta flagrante violación de facultades de la asamblea se suma la de abrogación de la función de legislar, particularmente a través de los famosos anexos escritos en la letra chica de las preguntas de la Consulta, todo lo cual nos ha dejado en el peor predicamento.
Peor aún cuando quien ejerce la función de representarnos, en vez de jugar un rol en defensa de esta Función Legislativa, vital para la Democracia Ecuatoriana nos ha llenado de vergüenza cuando públicamente ha salido a defender y apoyar estas violaciones constitucionales. Pasará a la historia aquella frase que ya es un chiste: “Que bueno que la Corte Constitucional corrigió las preguntas porque sí eran un poquito inconstitucionales” !!!
Transcurrido el juicio, quedan muchas lecciones aprendidas: es necesario reglamentar el trámite del juicio político para garantizar más el debido proceso. No es posible que las acusaciones se sustenten en copias simples!!
Pese a las inconsistencias y a los errores, es evidente que la mayoría que ha dirigido el Consejo de la Judicatura debe irse a su casa, y digo de la mayoría, porque no puede negarse lo que vivimos diariamente: en este tipo de organismos. En la Comisión de Fiscalización y Control Político, en esta misma Asamblea, se configuran mayorías y minorías. Negar esta realidad es absurdo. Por consiguiente, no existe el mismo grado de responsabilidad entre los que tomaron decisiones desacertadas y quienes no tuvieron más remedio que tolerarlas.
Por otra parte, las acusaciones se formularon contra determinados vocales no en contra de todos ellos. En tal virtud, las reglas del debido proceso, nos obligan a mirar las pruebas y los grados de responsabilidad de cada vocal, y allí es indispensable, si se llega al número de asambleístas para adoptar una decisión válida, votar vocal por vocal. El grado de responsabilidad de cada vocal depende de las acusaciones y de las pruebas, las cuales de ninguna manera han sido similares para todos los vocales que hacen parte del Consejo.
Finalmente, quiero rechazar públicamente la actitud adoptada por la Sra. Carrillo que se ha permitido acusarme de inmoral y dar a entender falta de ética, acusándome de, supuestamente, “haber defendido al Consejo de la Judicatura en funciones”, todo por el sólo hecho de haber llamado al Dr. Ulpiano Salazar, vocal de la Consejo, contra quien no se ha demostrado ningún grado de responsabilidad y quien ha hecho un verdadero esfuerzo por mejorar esa realidad, para que haga uso de su derecho a la defensa. Por esta sola razón he sido insultada en dos medios de comunicación. La sra. Asambleísta me ha acusado injustamente y me ha retado a estar presente en esta sesión: QUE CONSTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: AQUÍ ESTÁ LA ASAMBLEÍSTA BETTY AMORES, QUIEN NO ESTÁ AQUÍ ES LA ACUSADORA, LA SRA. CARRILLO. Esa sí es maledicencia, esa si es infamia, este tipo de prácticas es necesario rechazar.
Mil cosas más podrían decirse respecto del problema del sistema judicial. Mil razones jurídicas, constitucionales, de principios políticos, han sido ya esgrimidos, pero desde la sin razón, nos aprestamos a retroceder al pasado. Por ello, si este juicio contribuye a albergar la esperanza del indispensable cambio en la administración de justicia, invoco a Ustedes, señores asambleístas, su voluntad para votar por la destitución de los vocales cuya responsabilidad haya sido demostrada en el presente juicio.
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