La participación ciudadana quedó solo en palabras

Diario La Hora, Domingo 10 de Abril de 2011

 Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, es poco optimista con el futuro que se avecina a la Función Judicial, en el evento que gane el Sí en la consulta popular de mayo próximo.

Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, es poco optimista con el futuro que se avecina a la Función Judicial, en el evento que gane el Sí en la consulta popular de mayo próximo.

Para este catedrático universitario, la consulta es irrelevante, si se aplicarían todos los conceptos que contiene el Código Orgánico de la Función
Judicial.

¿Cómo se debe concebir a la independencia y autonomía de la Función Judicial?
-En la Constitución de 2008 se proclamó la independencia para todos los órganos que conforman la Función Judicial. Y para garantizar esa independencia y autonomía se estableció que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como representante de la sociedad, el que iba a designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ), cuya función principal es la designación y control de los jueces y demás funcionarios judiciales.

Como el sistema anterior no funcionó, porque en él intervenían en la designación de los jueces tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y dado que se quería dar protagonismo a la ciudadanía, se dijo vamos a cambiar este sistema caduco del pasado, impidiendo que metan las manos las demás funciones del Estado en la Función Judicial y por tanto les vamos a dotar de autonomía e independencia a todos, no solo a los jueces, sino también a quienes lo designan, esto es al Consejo de la Judicatura.

¿De qué independencia y autonomía se puede hablar si la Función Judicial depende económicamente del Ejecutivo para el establecimiento de su presupuesto anual?
-Por eso es que siempre se ha dicho y establecido incluso en la Constitución que se sancionará a los órganos de las otras funciones del Estado que intervengan en la función de los jueces.

Eso es lo que determina independencia externa, es decir que ningún poder del Estado pueda influir en las decisiones de la causa; y también se ha garantizado la autonomía e independencia externa, dado que existe una estructura de la administración de justicia por niveles para que los superiores ni el CJ puedan influir en la decisión de los jueces.

Como usted bien lo señala, si yo soy el que da el dinero a la FJ para que esta funcione, obviamente que siempre voy a tener un poder de control porque o no les doy el dinero y ellos no van a poder desarrollar sus actividades con tranquilidad y eso es lo que ha ocurrido.

¿Entonces, cuál es la solución?
-Por eso es que la solución para el sistema judicial no es quiénes van a designar al CJ, sino que se debe aplicar todos los conceptos que en el Código Orgánico de la Función Judicial se establecen, como la capacitación y evaluación de los jueces, la existencia de la escuela de jueces y la carrera judicial, para que ellos puedan hacer una verdadera administración de justicia y libre de todo tipo de presiones.

¿Cómo influiría en la independencia y carrera judicial la creación de un consejo de la judicatura transitorio, integrado por tres miembros y con plenos poderes por 18 meses?
-Le voy a dar un ejemplo: la demanda que presentó el presidente Correa en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro ‘El Gran Hermano’, que habla de supuestos hechos de corrupción. La demanda fue presentada el 25 de febrero de 2011 a las 16:30 y la causa fue remitida al día siguiente al juzgado que correspondió por sorteo, (juzgado Quinto de lo Civil) y fue recibida por el secretario a las 11:00 y a las 15:00 estuvo calificada por el juez.

Hago esta correlación de hechos para preguntarme ¿cuántas demandas hechas por madres que reclaman alimentos para sus hijos menores de edad o trabajadores que reclaman una indemnización por despido intempestivo han sido calificadas al día siguiente o días después de ser presentadas? Hay causas que han pasado dos y hasta siete u ocho meses y no han sido siquiera calificadas.

¿Y esto qué tiene que ver con la independencia?
-Yo me pregunto qué le puede ocurrir al ciudadano de a pie cuando los jueces tengan plena relación o dependan su designación del Ejecutivo o Legislativo, como puede ocurrir con esa comisión tripartita designada a dedo con representantes del Ejecutivo, Legislativo y del CPCCS.

¿Podemos hablar de una administración de justicia libre e imparcial si los jueces son designados por estas tres personas?
-Desde luego que no.

 

FUENTE:

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101123391/-1/La_participaci%C3%B3n_ciudadana_qu

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