Por qué NO al referéndum. Una perspectiva jurídica

Ramiro Avila Santamaría

Constitucionalista, profesor de la UASB

Ex-subsecretario de Justicia

Frente Montecristi Vive

El análisis jurídico, que puede ser un tanto abstracto y hasta incomprensible, no puede dejar de ser importante, toda vez que están intentando reformar varios cuerpos normativos y nada menos quela Constitución.

El análisis jurídico no terminó con la resolución de la Corte Constitucional ni tampoco con las insistentes frases del Presidente que afirma que consultó a varios constitucionalistas (nunca nos ha dicho quiénes). Tampoco, como me ha sucedido en algún debate sobre el tema, al afirmar que se trata el referéndum de un hecho político y que, por lo tanto, es una ingenuidad pensar desde el derecho.

Para entender la dimensión de las preguntas, en particular la uno y la dos, hay que pensar “¿cómo nos gustaría ser juzgados si nos acusan de haber cometido un delito?”. No pensar cómo nos gustaría que le traten a quienes cometieron un delito contra mí. La primera postura es la que debe tener el Estado para garantizar que no procesen ni sancionen a un inocente. La cárcel nunca puede ser utilizada como un sistema de venganza. Si pensamos en que nosotros o nuestros seres queridos podrían ser juzgados penalmente, entonces podemos comprender por qué tratar como inocente a la gente que no tiene sentencia, por qué la prisión preventiva no debe durar excesivamente, por qué debe existir la posibilidad de pensar en formas de juicio sin presos y hasta en formas de condena sin cárcel. En suma, por qué las garantías de la Constitución nos benefician a todos y ahora estamos a punto de perder algunas.

El análisis se puede hacer, desde lo jurídico, en relación a las preguntas del referéndum se puede hacer en tres niveles: (1) constitucional, (2) dogmático jurídico y otro sobre (3) el impacto.

1. Análisis constitucional

Si se logra demostrar que las preguntas aún tienen vicios de inconstitucionalidad por restringir derechos o por alterar la estructura del Estado, entonces se debe llegar a la conclusión que la Corte Constitucional para el período de transición avaló una propuesta inaceptable y que el Presidente está llevando a la ciudadanía a una violación masiva a la Constitución.

La pregunta uno, que se refiere al derecho a que las personas no estén encarceladas eternamente en espera de una sentencia, establece una excepción a la norma que se conoce como caducidad. La caducidad obliga a los jueces y juezas a tramitar el juicio respetando los plazos legales y dictar sentencia en un tiempo determinado. Si pasa el tiempo, el juez o jueza no puede tener presa a la gente procesada, aunque no pierde el poder de seguir tramitando la causa y hasta de dictar sentencia.

La excepción que plantea la pregunta uno en el anexo dice que si la caducidad se produce por culpa del procesado, entonces sigue privado de libertad. Esta excepción hace que se distinga a dos tipos de procesados. Los unos que litigan sin utilizar todos los recursos que les brindan la ley y otros que tienen una defensa muy activa y procuran a través de todos los medios legales obtener su libertad. Los primeros tienen derecho a la caducidad y los segundos NO podrán ejercer este derecho. Supongamos que usted está en el segundo grupo, ¿acaso no se le restringe un derecho constitucional? La respuesta es que sí.

No existe excusa para que los jueces, fiscales y operadores tengan que cumplir su función de sentenciar oportunamente. Es fácil abrir una ventana y echar la culpa a los procesados. Es fácil decir que los grandes traficantes de drogas o quienes cometen crímenes de forma organizada son los que pagan a los jueces para que dejen pasar el tiempo y opere la caducidad. Lo cierto es que nunca los jueces cuando creo esta excepción van a asumir la responsabilidad y también es cierto que en la cárcel no están los grandes traficantes.

La libertad es un derecho tan importante que nunca nadie puede eliminarlo. Tal es así que si a usted le condenan a la cárcel, intenta fugarse y lo logra, este acto de búsqueda de libertad no está sancionado (se sanciona al guía penitenciario).

La pregunta una, entonces, restringe los derechos de defensa de los procesados para obtener la libertad y restringe la libertad de las personas que tendrían derecho a la caducidad.

La pregunta dos, que se refiere a la eliminación de las medidas alternativas a la prisión preventiva y a la eliminación de las sanciones no privativas de libertad, establece que la prisión preventiva debe obligatoriamente dictarse en los casos determinados por la ley.

La pregunta asume que toda persona detenida es delincuente. Este punto de partida es un grave error en una democracia en la que se presume la inocencia de las personas. Más aún cuando se sabe que la policía ha cometido graves violaciones a los derechos ahora y en otros períodos gubernamentales (ver informe Comisión de la Verdad) y que para evitar excesos la Constitución garantiza el control judicial de las detenciones policiales.

El sentido común nos dice que solo hay que castigar a quien cometió un hecho que se merece castigo. Es injusto sancionar sin saber si la persona es culpable o no. Lo mismo pasa en el ámbito penal. Para sancionar se requiere un juicio y una sentencia. No cabe sancionar para ver si es que es culpable o sancionar por sí acaso. Esto pasa con la prisión preventiva. Se le mete presa a una persona y luego se espera un tiempo para darle sentencia o no. En la mayoría de los casos las personas presas salen sin sentencia por la ineficacia del sistema judicial. No es justo que porque los fiscales o los jueces fallan en investigar oportunamente y en sentenciar, tenga que apostarse a fregarles a los procesados.

En uno de los debates que he tenido, la persona que defendía el SI manifestaba, al argumentar en esta pregunta, que los jueces son corruptos, que la justicia está tomada por los poderes fácticos y que los jueces son inescrupulosos. Si el problema son los jueces ¿por qué pegarse con los procesados y disponer que tienen que estar presos? La lógica del gobierno está mal. Es como si identifico que en el sistema educativo el problema son los profesores y expido una norma que hace que los alumnos se queden sin recreo y pierdan el año. El problema son los jueces y fiscales y encierro más tiempo y obligatoriamente a los procesados.

Esta pregunta irrespeta profundamente la libertad de las personas y la presunción de inocencia. A los procesados penalmente que no tienen condena se les trata como culpables y se les priva de la libertad. Esto es evidentemente una restricción de derechos. Y esto no se puede consultar porque este tema de los derechos no puede ser restringido por la opinión mayoritaria. Luego, nos preguntan algo cuyo resultado puede ser una violación a la Constitución si es que gana el Sí.

Tenemos, pues, derecho a que si se nos acusan de un delito, poder defendernos en libertad y nos presuman inocentes y que, si se nos condena, tener derecho a cumplir penas útiles, y no degradantes como es el uso abusivo de la cárcel. A veces nos olvidamos de los derechos a la libertad porque creemos que nunca nos enjuiciarán y que los delincuentes son los más marginales de la sociedad. Pero puede pasar que nos detengan o nos enjuicien. No esperemos que eso suceda para entender lo importante de las garantías y del derecho a la libertad.

La pregunta tres, que trata sobre el sistema financiero y los medios de comunicación y prohíbe tener negocios vinculados, establece diferencias entre personas dedicadas a lo público y privado, a lo local y nacional, a los accionistas minoritarios y principales. Los primeros van poder ejercer su derecho a la libertad de empresa y los segundos no. Más allá de las intenciones, la norma está muy mal redactada y se presta a que sea aplicada de forma discriminatoria. Y si hay discriminación, hay restricción o anulación de derechos. Luego, la pregunta nos lleva una vez más a violar la Constitución.

La pregunta cuatro, que establece una comisión conformada por tres miembros, uno delegado del ejecutivo, otro de la asamblea nacional y otro de la función de transparencia y control social, para que tenga todos los poderes constitucionales y legales para ejercer las competencias del Consejo de la Judicatura por dieciocho meses.

¿Qué significa tener todas las competencias del Consejo de la Judicatura? Este Consejo administra los recursos humanos y financieros de la Función Judicial. O sea, selecciona los jueces, supervisa su funcionamiento, sanciona disciplinariamente y hasta puede destituir a los jueces y a otros operadores judiciales. Entonces el Presidente no miente cuando dice que va a meter las manos en la justicia. Efectivamente puede ser un sistema judicial correista si es que quisiera y gana el sí.

La pregunta, desde el lado constitucional, es si esto modifica la estructura del Estado y si viola derechos. Si es que sí modifica y restringe derechos, entonces la vía de la consulta no es la adecuada a la Constitución.

Se ha dicho, de parte del gobierno, que el Consejo de la Judicatura sigue existiendo y que, por tanto, no hay modificación de la estructura. Con este argumento, entonces, se podría proponer que la Asamblea Nacional, sin cambiar de nombre, esté conformada por el Buró Político de Alianza País y esto no es modificar la estructura del Estado. La esencia de la Función Judicial es la independencia y la imparcialidad en la resolución de causas. Cuando la estructura se conforma de tal manera que se amenaza la independencia y la imparcialidad, entonces estamos hablando de una función judicial distinta.

Nuestra historia republicana, en términos de administración de justicia, se ha caracterizado por tener influencia de otros poderes. Los últimos años se ha intentado diseños constitucionales para evitar la intromisión del ejecutivo y del legislativo. Por ello se estableció el mecanismo de la cooptación en el año 98 (sólo los jueces nombran jueces) y el sistema de concursos y meritocrático en el año 2008. La intención fue evitar siempre la intromisión de otros poderes en la selección y destitución de jueces. La propuesta del Presidente es otra vez cometer un error histórico: volver a meterse con la justicia. En este sentido, la estructura se altera.

Pero más grave es el análisis desde los derechos. El garantismo y el presidencialismo no se llevan muy bien. El garantismo, entendido como un sistema jurídico y político en el que los derechos establecen obligaciones y prohibiciones a todos los poderes del Estado y también les dice hacia dónde deben de gobernar (realización de los derechos), marca las actividades del ejecutivo. El presidencialismo sólo es legítimo si es que se convierte en un medio para lograr la promoción y protección de derechos. Pero a veces el ejercicio de derechos molesta al presidencialismo y entonces ejerce su poder de veto, su poder de dictar política pública o no hacerlo, o su poder punitivo para detener. Entonces ahí es cuando el garantismo ofrece una herramienta a la gente para que se respete sus derechos: el poder judicial.

El poder judicial en última instancia es el que hace que los derechos sean respetados y por eso se les dio a todos los jueces la posibilidad, mediante la acción de protección, de proteger derechos. ¿Qué pasa si este poder es controlado por el ejecutivo y la asamblea? Entonces la garantía se vacía de contenido y se torna ineficaz. Los jueces no se van a atrever a inaplicar leyes inconstitucionales ni tampoco a sancionar los actos abusivos del poder ejecutivo. Si el ejecutivo y la asamblea van estar en el Consejo de la Judicatura muy posiblemente van a usar su poder: van a ingresar jueces comprometidos con el gobierno y van a sancionar disciplinariamente a quienes no protejan los intereses del gobierno.

En pocas palabras, las personas y los pueblos del Ecuador no van a poder ejercer su derecho a tener jueces independientes e imparciales y tampoco van a tener el derecho a la tutela efectiva.

Es decir, la pregunta si se contesta favorablemente alterará la estructura del Estado y además violará los derechos de las personas.

La pregunta cinco, que establece una estructura permanente para el Consejo de la Judicatura, cambia el sistema de selección por méritos a otro que se basa en la designación por parte de un delegado por la función ejecutiva y otros por los órganos de la función judicial. Además tiene un anexo con más de cuarenta reformas a la ley.

En esta pregunta hay varias inconstitucionalidades. La una es que pone en la cabeza del órgano administrativo a quienes dirigen los órganos de la Función Judicial. En la lógica anterior, el Consejo de la Judicatura podía controlar y hasta sancionar a todos los miembros de la función judicial por inoperancia o corrupción. Ahora tendremos a gente que no podrán ser observados por su gestión cotidiana. Es decir, jueces y parte.

La presencia de la función ejecutiva en el órgano permanente no es la más recomendable. No hay que olvidar que vivimos en un sistema híper presidencial y que el delegado del ejecutivo no es cualquier persona. Tampoco hay que olvidar que el presupuesto del Estado es manejado y planificado por el ejecutivo. En este panorama, las posibilidades de injerencia inadecuada y de control de la función por parte del ejecutivo, no son imposibles. Todas las reflexiones sobre el derecho a tener jueces independientes e imparciales valen para esta pregunta.

No menos importante es la violación a la Constitución en el anexo y en la reforma a las leyes. Se ha dicho de parte del gobierno que de este modo se torna eficaz la consulta (criterio que ya no usa en las preguntas de la consulta) y se la hace directamente aplicable. Pero lo cierto es que, según la Constitución, la atribución presidencial es sólo para enmiendas a la Constitución y no reformas a las leyes. ¿Por qué? Porque la Asamblea no tiene la competencia para reformar la Constitución, pero sí para reformar leyes; en contrapartida, el ejecutivo puede pedir reformas a la Constitución (con procedimientos rígidos) pero nunca reformas a la ley mediante una consulta porque esa competencia la tiene exclusivamente el parlamento. En otras palabras, el Ejecutivo, con autorización de la Corte, le están permitiendo ejercer una competencia que no tiene.

En esta pregunta estamos hablando de modelos de gestión. Tengo que reconocer que el modelo planteado en Montecristi no resultó ser el más adecuado, básicamente porque el Consejo tiene semejantes atribuciones al Director del Consejo (el que formula y ejecuta las políticas de justicia hacen prácticamente lo mismo), de ahí los entrampamientos. Pero la propuesta del ejecutivo vuelve a reproducir, con ciertos matices, el mismo esquema. El mejor modelo sólo puede resultar de un estudio serio sobre el funcionamiento de la justicia, después de un debate informado, y esto no sucede con el Referéndum. Nos hacen escoger entre dos modelos malos. Sin embargo, me quedo con el de la Constitución de Montecristi.

Una vez más, nos preguntan si estamos dispuestos a violar la Constitución o no.

2. Análisis dogmático-jurídico

Por otro lado, las reformas planteadas por el Presidente a través del referéndum adolecen de defectos de técnica jurídica, en lo formal, y de serios retrocesos en materia de derecho penal y derecho administrativo, en lo material o sustancial. No quiero extenderme en este punto y quisiera más bien ejemplificar algunos errores de forma o de fondo de las preguntas.

En el anexo de la pregunta uno se dice que la orden de prisión preventiva “se suspenderá ipso jure…” cuando la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento. “Ipso iure” significa que es por orden de la ley y que no requiere declaración judicial. Pero cómo se puede valorar el retardo de parte del procesado si no es a través de una apreciación judicial, que, para no ser discrecional, debe manifestarse a través de una resolución. La arbitrariedad se impone. En términos procesales se está estableciendo un absurdo jurídico en desmedro del procesado y a favor de una administración de justicia irresponsable.

En el anexo a la pregunta dos se introducen, como fines de la prisión preventiva, los derechos de la víctima del delito “a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones”. Nunca una medida cautelar, que sirve para garantizar la presencia del procesado al juicio, puede ser un derecho de la víctima. En ningún libro de derecho procesal penal se puede encontrar una barbaridad tamaña. Es un absurdo pensar que la víctima tiene derecho a la prisión preventiva de un procesado. El derecho de la víctima es a la verdad, reparación y justicia. Esto se logra con la sentencia pero no con la prisión preventiva. A menos que se considere que la prisión preventiva es una especie de sanción, o una pre-pena, pero esto significaría que el proceso y la sentencia es una burla, y entonces estaríamos condenando sin sentencia y a quienes se les presume inocentes.

La pregunta tres tiene palabras que son ambiguas y se prestan a la interpretación, como privado, carácter nacional, director y principal accionista, que puede hacer que las intenciones de la pregunta se frustren: creada la ley, creada la trampa.

El anexo de la pregunta cinco elimina algunas normas constitucionales sin explicación alguna. Por ejemplo, en la Constitución de Montecristi se establece que el Consejo de la Judicatura se conformará paritariamente entre hombres y mujeres. Se elimina esta norma. En el modelo de Consejo se elimina de la ley algunas competencias, sin explicación alguna, como aquella de los requisitos de los miembros del Consejo, que debían según la ley vigente, tener título en áreas de administración pública, economía o gestión y otras afines. Ahora podrían ser otra vez, si es que se contesta favorablemente a la pregunta, abogados. Parte del fracaso del modelo de Consejo de la Judicatura fue que ha estado sólo conformado por abogados. Los abogados no sabemos de administración pública ni de manejo de recursos humanos. Pero esta mal vuelve a aparecer con la propuesta presidencial.

3. Análisis sobre el impacto de las preguntas

Finalmente, la pregunta es si es que contestando favorablemente las preguntas, se producirán los efectos prometidos por el Presidente. Es decir, saber si son eficaces o no las medias propuestas para resolver el problema planteado.

La pregunta uno va a provocar que ningún juez u operador de justicia sea responsable del retardo de los juicios sino siempre el procesado, que es la persona más débil y sin poder de decisión en los juicios. Por un lado, no van a existir sanciones a los jueces. Por otro lado, esto lleva, como consecuencia, que la caducidad no va a operar y que las personas procesadas permanecerán sin sentencia encerradas.

La pregunta dos, que es una apuesta a la cárcel en proceso y en condena, llevará a agravar más aún el problema carcelario del país: hacinamiento, violencia intensa dentro de las cárceles, tratos inhumanos y degradantes. En suma, mayor dolor y padecimiento en personas encerradas, la mayoría de ellas sin sentencia.

La pregunta tres lleva a mayor control sobre los medios de comunicación. No estaría mal la regulación, pero viniendo de quien tiene como enemigos políticos a los medios, esto se pinta como un panorama de control comunicacional.

La pregunta cuatro infundirá miedo en los jueces, fiscales y otros operadores, lo cual inhibe de ejercer la independencia e imparcialidad, y tendremos del lado del poder actos que serán impunes y del lado de la ciudadanía muchas resoluciones y sentencias que violen derechos.

La pregunta cinco garantiza que la crisis de la Función Judicial sea permanente y posiblemente que colapse el sistema judicial.

Conclusión

Los problemas de la inseguridad, impunidad e institucionalidad judicial son graves y complejos. El Presidente nos propone UN modelo que es absolutamente reduccionista e inútil, que pone el acento en personas procesadas, en la cárcel y en un manejo del poder judicial desde el ejecutivo.

El buscar el mejor modelo, que es un imperativo para el país, requiere de debate y de encontrar, en la discusión y en la diversidad de pensamientos e ideas, la mejor propuesta. El problema pasa por la discusión de una política criminal como parte de las políticas sociales, en preferir la prevención a la represión (que es entender y atender las causas y no los efectos de la violencia), en tener sentencias justas, certeras y oportunas y esto pasa por modelos de gestión procesal.

La consulta, como se ha demostrado en estas semanas de campaña, no es el mejor espacio para encontrar el mejor modelo porque simplemente no hay la posibilidad de encontrar alternativas a lo planteado de forma cerrada en la consulta; además, que tampoco se han presentado espacios de discusión de ideas o propuestas sino mera propaganda, retórica, calificativos y, en general, pobreza analítica. Esto demuestra además, que los aspectos deliberativos que exige el tratamiento de estos temas debieron haberse hecho en la Asamblea Nacional o una Asamblea Constituyente. En esto también la normativa constitucional de Montecristi tenía sentido.

Las respuestas a los problemas complejos no salen de una elección ni de una propuesta de consulta, sino del debate serio e informado. Esto no está sucediendo. Si afrontar los problemas de inseguridad, impunidad y crisis de la justicia. ¡Pero NO así!

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