Sarayaku fue más en la Corte que el Estado

Roberto Aguilar

 Diario Expreso, 10-07-2011

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste: los atropellos contra la comunidad quichua de Pastaza no han parado desde hace 9 años.

Marlon Santi hace una pausa profunda, larguísima. Cierra los ojos y baja la cabeza hasta el pecho, como queriendo llorar. Por un momento permanece inmóvil, tan quieto que la gente que lo observa en la pantalla, a miles de kilómetros, cree por un momento que otra vez se cayó la señal. Pero no: está moviendo los dedos. ¿Llora? Quién sabe. Ahora alza la vista, lentamente. No, no hay lágrimas. “Sólo pido que nos devuelvan la paz” dice en un suspiro, y es el fin de su discurso.

Calculado o no, el golpe de efecto produce resultados. El magistrado principal, fuera de cámara, agradece a Santi por su testimonio y da por concluida la primera jornada de la audiencia, pero el silencio se prolonga unos segundos más entre la gente congregada ahí, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. La imagen en la pantalla vuelve al plano general del estrado de los jueces y corta a negro. Fin de la transmisión. En la sala de audiovisuales de la Flacso, en Quito, todos lucen satisfechos: ecologistas, gente de Sarayaku, dirigentes de la Conaie…

Si en alguna oficina de la Procuraduría General del Estado alguien más, como cabe suponer, sigue por internet el desarrollo del juicio, no tiene razones para sentir lo mismo. En Ecuador Marlon Santi podrá ser el revoltoso de la Conaie, aquel a quien el presidente de la República dio fama de tonto (“limitadito” le ha dicho, lo mismo que a Vargas Llosa), pero en una Corte Interamericana, él es -ante todo- el portavoz de un pueblo vulnerable. Y el abogado del Estado ecuatoriano que lo interrogó al final no pareció considerar esa ventaja de su oponente. Fue más respetuoso que Correa, sí (aunque lo tuteó y este matiz es importante); pero lo trató como a revoltoso. Error: no se puede hacer eso cuando se ocupa el banquillo de los acusados.

Esta historia comienza en 2002, en tiempos de Lucio Gutiérrez, cuando a la compañía argentina CGC se le concedió permiso para operar en el bloque 23 de explotación petrolera, donde se encuentran las tierras de la comunidad quichua de Sarayaku. La CGC llegó ruidosamente: la exploración sísmica se hace a golpe de dinamita. Entre ese año y el siguiente, los técnicos sembraron el territorio con una variedad del TNT llamada pentolita: 1.433 kilos de explosivos, en cargas de 3 a 5 kilos, fueron enterrados en 476 lugares, y 150 más fueron distribuidos en la superficie. Lo dice la documentación del Ministerio de Energía adjuntada al proceso. En la audiencia en Costa Rica, tanto como entre la gente que la mira desde Quito, la palabra más repetida es pentolita, que ni siquiera consta en el diccionario.

Los dirigentes de Sarayaku se la han pasado los últimos nueve años yendo y viniendo entre despachos de abogados y cortes de justicia. Costa Rica puede ser para ellos el final de ese calvario, que empezó en 2002 con un recurso de amparo presentado en un tribunal civil de la ciudad de Puyo. Esa demanda no prosperó, así que decidieron levantar otra, pero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. En 2005 este organismo obligó al Ecuador a retirar los explosivos, cosa que no se ha hecho. Ahora la comisión acusa al Estado ecuatoriano de atropellar el derecho del pueblo Sarayaku a la consulta previa, ponerlo en situación de riesgo, limitar su derecho a la libre circulación y negarle garantías judiciales. Nada menos. La audiencia final en la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, duró dos días de esta semana, al término de los cuales el Estado, pese a sus abogados o por su causa, quedó peor parado que al principio. Faltan los alegatos escritos y la sentencia.

Es la primera vez que la Corte transmite un juicio en directo por internet, y es evidente que han dejado escapar ciertos detalles técnicos. Los sarayakus reunidos en la sala de audiovisuales de la Flacso se desesperan cuando la imagen de la pantalla se funde en negro y el audio desaparece, cosa que en este primer día de audiencias (miércoles) ocurre cada dos minutos. Se preguntan si en su comunidad, donde también sus hermanos están conectados, ocurrirá lo mismo. La señal va y viene.

En una de esas idas y venidas aparece en la pantalla David Gualinga. Un murmullo de desaprobación recorre la estancia hasta transformarse débilmente en risa: Gualinga es uno de los suyos, pero testifica a favor del Estado. Para incrementar la sensación de extrañeza de los quichuas, se presenta en la Corte portando un tawasap, corona de plumas propia de los shuar. Él dice que la población sí fue consultada antes del ingreso de la CGC.

Cuando la señal se pierde nuevamente y Gualinga desaparece de la pantalla, nadie lo lamenta. Deciden aprovechar el momento para escuchar un poco de música. Leo Macías, cantautor guayaquileño casado con una mujer de Sarayaku, saca su guitarra y modula una canción con mensaje ecologista e inspiración amazónica.

Al volver la señal ya están los abogados de la comunidad, Mario Melo y Viviana Krsticevic, interrogando al testigo. Queda claro que la consulta previa de la que habla fue la que ejecutó el gerente de la compañía petrolera en las canchas de una comunidad vecina. Más risas en Quito a costillas del testigo del Estado.

A despecho de los problemas de conexión, la primera jornada de la audiencia deja, al concluir, varios mensajes muy claros. Sabino Gualinga, líder espiritual de la comunidad, pintó el apocalipsis quichua: los espíritus de la selva huyeron con las primeras explosiones, el árbol sagrado del ispungo fue talado como otro cualquiera y el chamán César Vargas enfermó de la tristeza y murió de llanto. Los niños -dijo Patricia Gualinga, una viuda madre de diez hijos- quedaron abandonados en el pueblo, cuidándose unos a otros, cuando los adultos se internaron en la selva para defenderse. El presidente de la comunidad, José Gualinga (así ocurre en los sistemas de parentesco de los pueblos de la selva tropical: los apellidos se repiten) explicó el terror de los explosivos; ya no pueden pescar, ya no pueden cazar, tienen miedo. Marlon Santi contó que fueron invadidos por soldados que llegaron con la misión de proteger a los trabajadores de la petrolera.

También quedaron claras algunas de las estrategias del Estado. Primero: negar la presencia de soldados, cosa harto difícil cuando existe un documento oficial de Petroecuador, adjuntado al proceso, en que se habla de “operaciones militares de patrullaje” y se califica al territorio de Sarayaku como “zona de conflicto”. Segundo: acusar a los sarayakus de causar desmanes en la zona en perjuicio de las comunidades vecinas que sí están interesadas en el ingreso de la petrolera. Tercero: negar que se privara a la comunidad de su derecho a la consulta previa.

Estas ideas, deslizadas en los interrogatorios, adquirirían su formulación definitiva al día siguiente, durante los alegatos orales de las partes. Jueves: ahora los quichuas reunidos en la sala de audiovisuales de la Flacso no sólo cuentan, para su satisfacción, con una transmisión casi impecable, sino además con un equipo de abogados dispuesto a resolver cualquier tipo de duda.

Aquí la gente se ha vuelto, si no experta en el funcionamiento del sistema interamericano de justicia, sí por lo menos bastante enterada, muy por encima de la media. Por eso les parece increíble que el alegato del Estado sea tan pródigo en formalismos jurídicos (de esos que en lenguaje llano reciben el nombre de leguleyadas) y tan lejano a la discusión de lo que es relevante para la Corte: el espíritu de los derechos que según la parte acusadora han sido vulnerados.

Los jueces y los miembros de la comisión presentes en la audiencia también lo encuentran raro. Saber si el recurso de amparo presentado en el Puyo debió ser contencioso administrativo o lo que fuese, les importa menos que entender por qué la comunidad estuvo desprotegida en términos jurídicos durante tanto tiempo. Que la ley ecuatoriana conceda al Estado la propiedad del subsuelo les lleva a preguntarse qué se hace con eso a la hora de garantizar a los pueblos indígenas la propiedad de lo que queda arriba. Que el Estado se desmarque del tema de la consulta previa asegurando que hubo un proceso de “socialización” les lleva a plantear lo que de verdad importa cuando se habla de consentimiento informado: que este se dé en términos aceptados por la comunidad y a través de aquellas autoridades a quienes reconoce como tales; la dificultad reside en construir, para cada caso, un sistema diferente que sea de consenso.

En resumen: mientras la Corte habla de filosofía, los abogados del Estado ecuatoriano se mueven en términos de códigos y procedimientos. Y cuando se refieren a los grandes principios (interculturalidad, por ejemplo), esas palabras suenan huecas. Hay risas de despecho en la sala de la Flacso cuando Alonso Fonseca, abogado de la defensa, cita el preámbulo de la Constitución, que “nos permite mirar al futuro”: “Nosotros y nosotras, reconociendo nuestras raíces milenarias, celebrando a la Pachamama”, etc.

Lo que está más allá de toda discusión es que, de los 1.583 kilos de pentolita distribuidos en el territorio de Sarayaku, el Estado ha retirado apenas 17. Y que los miembros de la comunidad, por esa causa, tienen miedo. No pueden moverse libremente. Por eso, al final de la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera con vehemencia todas las acusaciones. La última imagen de la transmisión es la del bastón de mando de José Gualinga, el jefe de la comunidad presente en Costa Rica, levantado al cielo en señal de victoria. Blackout. Aplausos.

FUENTE: http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2350234&idcat=19408&tipo=2

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


cuatro × cinco =