Un plan anticrisis desde la izquierda. Elementos para la discusión

Alberto Acosta[1], John Cajas Guijarro[2]

29 de octubre del 2015

La crisis ya es una realidad…

El hecho de que la economía ecuatoriana empieza a transitar por una nueva etapa de desaceleración es algo ya aceptado, incluso en términos oficiales por el propio presidente Rafael Correa, quien ha mencionado que posiblemente para el año 2015 el país no muestre un crecimiento económico. Igualmente, en su última revisión del artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (que de a poco vuelve a adquirir relevancia en la discusión económica del país) proyecta que para el año 2015 el Ecuador mostrará una tasa de decrecimiento de -0.6% y en 2016 apenas tendrá un crecimiento de 0.1%.

Si bien existen factores exógenos que han exacerbado la crisis (caída de precios del petróleo, apreciación del dólar y encarecimiento del crédito externo), hay también cuestiones internas que la explican. Como anotamos en nuestro aporte sobre la herencia económica del correísmo, el régimen fracasó en su intento por transformar la matriz productiva y cambiar la modalidad de acumulación primario-exportadora. No solo eso, sino que de hecho la ha profundizado.

Cabe además anotar que, antes de que los factores externos aparecieran ya existían algunas señales de que el año 2015 sería económicamente complicado para el país, incluso con elevados precios del barril de petróleo. Así mismo no olvidemos que desde el año 2010 el país mostraba saldos negativos en su cuenta corriente de balanza de pagos. Esto necesariamente creaba la necesidad de recurrir al financiamiento externo para compensar la salida de dólares de la economía (tomando en cuenta que las inversiones extranjeras son tradicionalmente escasas). Es importante tener presente estos detalles para no caer en el error de creer que la actual crisis económica se debe exclusivamente a aspectos coyunturales y exógenos. Más bien debemos reconocer que la crisis es también un resultado estructural, así como el fracaso del manejo económico del correísmo.

Después de tener una visión tanto de cómo la crisis devela las costuras económicas del correísmo y de cuáles son las herencias económicas que el correísmo deja al Ecuador, luego de casi nueve años de gobierno, es hora de abordar en detalle las propuestas que, desde la izquierda, se pueden plantear a nivel económico para abordar la actual crisis. Es más, no solo se debe enfrentar la crisis, sino que debemos generar la oportunidad de construir una economía diferente. Y también hay que evitar la repetición de una historia similar a aquella que vivimos luego del boom petrolero de los años setenta: una crisis que terminaría por abrir la puerta a la larga noche neoliberal.

Esa crisis de los años ochenta-noventa tuvo como punto cúspide el salvataje bancario, que nos llevó a la imposición de la dolarización, en medio de un acelerado proceso de empobrecimiento de amplios segmentos de la población y de un importante deterioro del empleo. La actual crisis -que está reanimando a los fantasmas neoliberales de segunda generación- puede provocar un retorno al ajuste de inspiración fondomonetarista, con un nuevo y significativo deterioro del bienestar de los sectores populares de nuestro país e incluso de su Naturaleza.

Si la crisis se afronta desde las típicas lógicas de la acumulación capitalista (que suele usar al neoliberalismo como mecanismo desesperado de salvación), es casi un hecho que esta se afrontará aumentando la explotación a las clases trabajadoras (ya sean trabajadores asalariados, autónomos, campesinos, artesanos, etc.) con un deterioro generalizado de sus condiciones de vida y de empleo, buscando reanimar las ganancias capitalistas, expandir el capital y retomar la senda del crecimiento. Y no solo serán los trabajadores los que asuman el peso de la crisis, sino la misma Naturaleza, como ya ha sucedido en épocas anteriores.

Prueba de esto es la propuesta neoliberal –que ya empieza a tomar fuerza– de liberar el mercado laboral y promover la reducción de los salarios reales a fin de aumentar la “competitividad” de la economía. Así hasta se termina aceptando el deterioro del mercado laboral a costa del mantenimiento de los “equilibrios macroeconómicos” (sector externo, fiscal y monetario). Igualmente son notorios los intentos por flexibilizar las normativas ambientales para abaratar los costos de extracción masiva de los recursos naturales.

Al mismo tiempo, se empieza a proponer la liberalización de la circulación de capitales (ejemplo de esto es la propuesta de retiro del impuesto a la salida de divisas) y el establecimiento de normas que favorezcan a los grandes inversionistas (como muestra tenemos las llamadas alianzas público-privadas, que abren la puerta a las privatizaciones). Así supuestamente se busca que los capitales aumenten el “rendimiento” de sus inversiones y, con esto, se incrementen los incentivos para promover la recuperación de la economía. La banca no ha sido olvidada en este esquema de crecientes beneficios; el propio presidente de la República afirmó que prefiere que la banca tenga importantes reservas, incremente su solvencia y obtenga más utilidades, aunque haya reducido el crédito… Con todo esto se recuperaría la confianza perdida, dicen. Esta perspectiva se defiende sin tomar en cuenta el enorme riesgo de que la liberalización financiera promueva el aumento de la inversión especulativa, situación que ya vivió el país a mediados de los años noventa.

La presencia de este tipo de riesgos exige que se proponga una visión de cómo afrontar la crisis desde una perspectiva que tenga en mira al pueblo ecuatoriano y su bienestar. Así, a continuación se exponen diez puntos de un borrador de hoja de ruta económica. El objetivo es profundizar la discusión sobre qué debe exigir la protesta social en los tiempos venideros y, por otro lado, disputar espacios de debate al neoliberalismo de segunda generación que empieza a tomar vida gracias a la gestión del Gobierno de Correa, incluso con algunos zombis que ya empiezan a salir de sus catacumbas…

Estas propuestas bajo ningún punto de vista son ideas terminadas, sino que más bien son propuestas en construcción que admiten la contribución de todos quienes realmente estén interesados en evitar que la crisis deteriore las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestro país. Y no solo eso, la crisis debe transformarse en una oportunidad para un gran cambio estructural.

1. Política fiscal austera y contra cíclica

La inversión y el gasto del sector público deben revisarse según su eficiencia social y económica, sin desmerecer para nada la reflexión ambiental. Hay que postergar o eliminar gastos e inversiones que no rindan frutos en el corto plazo, más aún, si son superfluas. Como parte de ese ajuste se puede mencionar la racionalización de parte del parque automotor y demás elementos logísticos del Gobierno (¿es necesario que el presidente de la República tenga dos aviones a su disposición?). Aquí cabe frenar la enorme presión que el propio gasto público ha creado a nivel de importaciones.

Habría que postergar algunas construcciones que no son absolutamente prioritarias (como por ejemplo las plataformas gubernamentales). Igualmente es necesario reducir y hasta eliminar todas aquellas instituciones públicas que no proveen ningún tipo de servicio útil, por ejemplo tantos ministerios coordinadores que incluso llegan a duplicar las actividades de los ministerios de ejecución de las políticas. También es indispensable reducir sustantivamente la propaganda oficial y desarmar el costoso aparataje que lo sostiene, empezando por la SUPERCOM; así como aquellas instituciones dedicadas al espionaje a la ciudadanía.

Sin embargo, en la búsqueda de mayor eficiencia dentro del sector público no es admisible ningún tipo de privatización, mucho menos de aquellos sectores estratégicos donde las empresas públicas poseen superávits operacionales. De hecho, en el caso de sectores estratégicos que generan importantes ingresos, debería pensarse en su completa nacionalización (como las telecomunicaciones). Al respecto, la privatización de las gasolineras de Petroecuador constituye un despropósito que, además, demuestra la incapacidad del Gobierno para transformar en una verdadera empresa al ente estatal.

En este sentido, es necesario renovar la administración de las empresas públicas exigiéndoles que cumplan con los mismos estándares que las empresas privadas, aún sin tener dueños privados; cabe anotar que estas empresas deben regirse también por otro tipo de principios que no se agotan en la búsqueda de lucro. Para el efecto se pueden crear veedurías (completamente independientes de cualquier poder del Estado) encargadas de exigir el cumplimiento de objetivos específicos (cual junta de accionistas en una empresa privada). Tales veedurías pueden conformarse a partir de un papel más participativo de las universidades, incluso con la provisión gratuita de servicios de consultoría.

Así, la idea es que el sector público mantenga un determinado conjunto de servicios, pero reduciendo sus gastos y sin permitir la intromisión del sector privado en áreas que pueden ser muy lucrativas si se manejan con eficiencia.

Lo importante es desconcentrar el poder del Gobierno central, de manera que diferentes poderes se hagan contrapeso y se controlen unos a otros. Aquí cabe fortalecer decididamente el accionar de los gobiernos autónomos descentralizados. En línea con lo expuesto, es indispensable fortalecer diversos ámbitos de autonomía, como por ejemplo la autonomía universitaria, incluso para que las universidades sirvan como base para la construcción de veedurías independientes del poder Ejecutivo.

Igualmente es indispensable un reajuste de los ingresos de los servidores públicos de alto nivel, no tanto como medida que generará importantes ingresos fiscales, cuanto como señal de austeridad. Debería plantearse la posibilidad de que, durante este período especial, ningún empleado público obtenga un salario mayor a un límite acorde a la realidad nacional de, por ejemplo, 3 mil dólares mensuales; nada descabellado si consideramos que el PIB por persona empleada del Ecuador para 2014 bordea los 1.200 dólares mensuales.[3]

Por cierto frenar la corrupción, que ha aumentado a la par con los enormes contratos estatales, es otra de las tareas urgentes. Para lograrlo habría que impulsar sendas auditorias a dichos contratos, al endeudamiento público y al manejo del IESS, para empezar. Aquí es fundamental apoyar iniciativas como la Comisión Anticorrupción (conformada desde los movimientos sociales) y rechazar todo intento, desde el Gobierno, de enjuiciar a sus miembros por presentar denuncias respecto a graves irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu.

2. Relocalización de subsidios

La actual estructura de subsidios es insostenible. Eso ya se lo conocía al inicio de este Gobierno, que no supo asumir el reto de readecuarlos en los años de la bonanza petrolera. Un ejemplo directo de relocalización es el dejar de lado el subsidio a la gasolina para el transporte privado, al mismo tiempo que se establece la gratuidad del transporte público en las ciudades. Igualmente habría que subsidiar el transporte interprovincial e intercantonal para las personas. Se requiere también un sistema de subsidios al transporte de productos de primera necesidad (lo cual incluso puede contribuir a controlar la inflación), propiciando la dieselización del transporte masivo, tanto de carga como de personas (prohibiendo la circulación de vehículos a diésel privados, para que el subsidio energético se concentre en este derivado del petróleo). Y por cierto, esto exige otras medidas para frenar el contrabando sea marítimo o terrestre.

Lo anterior debe complementarse con medidas que tiendan a que las empresas industriales, sobre todo las grandes, transiten de forma planificada de una estructura de producción sustentada en el consumo de diésel a la energía eléctrica (aprovechando el potencial hidroeléctrico del país en los próximos años). No parece muy adecuado que esta medida se adopte de manera abrupta, puesto que, sin una adecuada planificación, las grandes empresas podrían trasladar los crecientes costos a los consumidores o podrían tratar de mantener sus ganancias afectando los ingresos de sus trabajadores. Algo intolerable.

Igualmente hay que replantear el subsidio al gas licuado de petróleo. Sin agotar las propuestas existentes, a modo de ejemplo, se podría vender este energético en bombonas de cinco kilos, con un rendimiento calórico menor de modo que sirva solo para cocción de alimentos. Esta acción demandaría la participación de empresas comunales, de los gobiernos autónomos descentralizados y de la empresa estatal de petróleo.

En general es necesario revisar todos los subsidios y diferenciar entre subsidios que mejoran el acceso de la población a bienes y servicios prioritarios, a impulsar emprendimientos que generan nuevos puestos de trabajo, de aquellos subsidios que aumentan los márgenes de ganancia de las empresas capitalistas. El primer tipo de subsidio debe asignarse más eficientemente y el segundo tipo de subsidio debe eliminarse.

3. Repensar las políticas sociales

Se requiere un plan de transición para transformar las políticas sociales. Basta de clientelismo y despilfarro. Lo primero se resuelve fortaleciendo los derechos de la ciudadanía a la salud, la educación, el bienestar social. Lo segundo se conseguirá al dejar de transferir recursos a las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo de salud, sin regularlas. Las empresas en este sector acumulan y concentran cada vez más, reduciendo incluso su contribución impositiva; es decir ganan cada vez más y aún así pagan relativamente menos impuestos.

Para empezar habría que prohibir que estas empresas estén domiciliadas en paraísos fiscales. Hay que terminar con la competencia desleal; siguiendo en el sector de la salud, debe haber una farmacia por barrio y comunidad en el campo; obligación que tienen que asumir, en un determinado porcentaje, también las grandes cadenas farmacéuticas. Ninguna empresa debería tener una participación en el mercado más allá de un límite, que habría que definirlo. Esto conduce al fortalecimiento de la empresa pública farmacéutica que debería elaborar medicamentos genéricos y disponer de canales de distribución de esos medicamentos.

Con esto surge la necesidad de exigir que instituciones como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado pasen de ser meros espectadores de los procesos de concentración a actores con capacidad -incluso coercitiva- que les permita romper y redistribuir la propiedad de los mercados concentrados.

La educación, como derecho, debería proveerse de manera gratuita sin excepción, eso sí, cambiando completamente los esquemas de ingreso a las universidades, pensando en modelos eficientes que promuevan el libre acceso. Estas reformas en la educación sin embargo no pueden desconocer que muchas veces son las personas de ingresos medios y altos las más beneficiadas con respecto a la gratuidad universitaria (pues son las personas que tienen las mayores probabilidades de seguir estudiando a lo largo de su vida). Y si de educación hablamos, debemos insistir en el respeto de la educación intercultural bilingüe y de las escuelas comunitarias, así como de la autonomía universitaria, tal como anotamos arriba.

4. Aumento y creación de nuevos impuestos a los grupos económicos más poderosos, con reducción simultánea del IVA para las grandes mayorías

El eje de un esquema tributario transformador radica en que quienes más ganan y más tienen, deben estar obligados a contribuir más. No los sectores medios y menos aún los sectores populares. Tengamos presente que un incremento del 3,5% del monto total de los impuestos que paga el diez por ciento más rico de la población, generaría recursos suficientes para eliminar la pobreza en el país, tal como sostienen Carlos Larrea y Natalia Greene.

Por lo tanto, el impuesto a la renta, que pagan las personas, debe incrementarse progresivamente desde el 35% actual, para todos los ingresos superiores al del presidente de la República.

El impuesto a la renta a las empresas se mantendría en el 22% siempre y cuando las empresas se comprometan a sostener los niveles de empleo y de ingresos laborales actuales, caso contrario debería volver al 35% anterior.

Asimismo es necesario un impuesto sobre las ganancias extraordinarias utilizando escalas progresivas. La idea es que mientras más extraordinaria sea una ganancia, más fuerte sea la carga tributaria. Para esto es necesario determinar desde qué nivel se puede considerar como extraordinaria una ganancia en el contexto ecuatoriano de una economía dolarizada; recordemos que las empresas telefónicas han llegado a registrar beneficios anuales de más del 38% sobre el patrimonio neto. Para esto también es necesario depurar la información de ingresos y gastos de las empresas, tomando en cuenta que muchas veces las empresas con grandes niveles de ingresos terminan registrando ganancias muy bajas debido a la presencia de costos inflados. En el caso de que existan elementos técnicos para aceptar que los gastos de una empresa poseen anomalías, podría reemplazarse el impuesto a las ganancias extraordinarias por un impuesto a los ingresos extraordinarios.

Mientras que se incrementa la presión tributaria a las grandes empresas capitalistas, cabe pensar en la posibilidad de exonerar completamente de impuestos a las empresas pequeñas (de hasta 10 empleados) cuyos niveles de ingresos a duras penas cubren sus costos de funcionamiento y brindan márgenes limitados de rentabilidad. Simultáneamente, así como se incrementan los impuestos a los que más tienen y más ganan, es necesario reducir un impuesto indirecto, por lo tanto regresivo, como el IVA, del 12 al 10%.

Para enfrentar la crisis, será necesario establecer una contribución única y progresiva a los patrimonios de hasta un 10%, que empezaría en un 3% desde un millón de dólares, por ejemplo. Con estos recursos se debería apuntalar el financiamiento de la producción de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo es necesario replantear las propuestas de impuestos a las herencias e impuestos sobre la plusvalía. En el caso de las herencias primero hay que diferenciar (y explicar con claridad a la población esta diferencia) entre las herencias que provienen del ahorro de las clases trabajadoras y de las pequeñas empresas de aquellas grandes herencias que provienen de la transferencia de propiedad de las familias más poderosas del país. El impuesto a las herencias debería aplicarse exclusivamente a este segundo grupo de herencias.

Algo similar puede proponerse para el impuesto a la plusvalía, donde las propiedades de trabajadores y pequeños propietarios que ganen plusvalía no se encuentren sujetas al impuesto, mientras que aquellas propiedades que benefician a grandes empresas o que son utilizadas ante todo para la compra y venta (particularmente grandes constructoras, empresas inmobiliarias e incluso especuladores de tierras) deben ser gravadas con el impuesto.

En general la idea es gravar a todas aquellas propiedades que no han sido adquiridas por el trabajo sino por medio de la sobre explotación capitalista o por medio de actividades “sanguijuela” que succionan valor económico.

5. Un gran acuerdo productivo nacional

Uno de los objetivos de este paquete de medidas anti-crisis debe ser garantizar el poder adquisitivo de los salarios y el empleo, así como el fortalecimiento de aquellos emprendimientos que los aseguran. Por cierto que se requiere una conceptualización estratégica para alentar aquellas actividades productivas que satisfacen la demanda de las grandes mayoría, que generan empleo y que no provocan la necesidad de crecientes importaciones de insumos y bienes de capital. La tarea es impulsar actividades que permitan hacer realidad aquello de que “hay que procesar antes de transportar”, como base para un proceso de industrialización de nuestras propias materias primas. El campo de los servicios, como el turismo que incorpore activamente la mayor cantidad posible de personas en su manejo y ejecución, debe recibir un trato preferente.

Por tanto, será indispensable un gran acuerdo con los medianos y pequeños productores del campo y la ciudad, que son quienes proveen las dos terceras partes y más del total de empleo generado en el país. Para afrontar la crisis es necesario que el Gobierno aliente la conformación de alianzas entre emprendimientos privados pequeños y medianos, comunitarios, asociativos o cooperativos; favoreciendo especialmente a estos tres últimos que son la base de la economía solidaria. Es más importante, particularmente en términos de empleo, defender la continuidad y capacidad productiva de estos sectores en vez de defender la rentabilidad de las grandes inversiones.

El sistema de compras públicas debe reordenarse íntegramente para cumplir con este objetivo. En vez de que el sector público se provea de bienes y servicios creados por grandes empresas, este debe suplir sus requerimientos a partir de proveedores pequeños (por ejemplo, compra de muebles para oficinas a artesanos locales en vez de adquirirlos a grandes empresas).

Además habrá que reducir sustantivamente, o aún eliminar, los excesivos trámites y costos que pesan sobre las pequeñas y medianas unidades productivas; por ejemplo para obtener los permisos fitosanitarios. Esto implica romper definitivamente el poder que tienen los grandes grupos oligopólicos para imponer directa o indirectamente normativas que impiden a los pequeños y medianos emprendimientos participar en los mercados.

Se podría analizar si, para proteger el empleo, durante este período especial, no se debería permitir la distribución de utilidades ni dividendos en empresas que den paso a una reducción de su plantilla de trabajadores. Igualmente, si una empresa tiene problemas de competitividad debería llegar a acuerdos con sus trabajadores, por ejemplo, para no subir los salarios, pero entregar el contravalor en acciones de la empresa. Esto siempre y cuando no sea posible que puedan darse mejoras en la competitividad a partir de la reducción en los márgenes de ganancia. En línea con estas ideas cabe reflexionar sobre los mecanismos propuestos por algunos empresarios (ver la propuesta de Francisco Luna, por ejemplo) para asegurar el traspaso de las empresas a sus trabajadores luego de que el capitalista haya recuperado sus inversiones y haya obtenido una utilidad razonable, cuyo nivel deberá discutirse a fondo.

Asimismo es tiempo para presionar a que las empresas reduzcan sus -muchas veces exagerados- márgenes de beneficio, sobre todo no acordes con la realidad de una economía dolarizada y en donde el ingreso medio por habitante es de aproximadamente 1.200 dólares mensuales (ver punto 1). En consonancia con esto es necesario romper inmediatamente todo tipo de monopolios y oligopolios que incentiven al incremento exagerado de los beneficios, ocasionando incluso bajos niveles de eficiencia empresarial.

Un elemento base de este acuerdo debe ser la construcción de una estrategia para la transición hacia el postextractivismo. No se puede ampliar más la frontera petrolera, lo que incluye la no explotación de petróleo en el ITT, ni en el Bloque 31 del Yasuní, ni en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Tampoco se debe impulsar la megaminería, los agrocombustibles o los transgénicos. Hay que comenzar a construir una economía inspirada en los Derechos Humanos y en los Derechos de la Naturaleza.

En línea con esta idea, es urgente renegociar los contratos petroleros con las empresas privadas considerando particularmente las reservas existentes, el precio y la calidad del crudo, así como el tiempo de duración de los contratos. No se trata solo de maximizar los ingresos del Estado en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazos. Eso demanda contratos que sean convenientes para el país tanto en épocas durante las cuales los precios del petróleo se mantienen altos como en aquellas cuando los precios del petróleo bajan. La idea es garantizar una rentabilidad mínima pero estable al Estado, sobre todo en la época de precios deprimidos.

6. Líneas de crédito especiales

Para enfrentar la crisis (y sentar las bases para una transformación estructural) los pequeños y medianos productores deben tener acceso a líneas de crédito, sobre todo ahora cuando precisamente los bancos privados contraen el crédito (24,4% entre junio y julio).

En respuesta, la banca pública tiene la capacidad de crear poder adquisitivo otorgando crédito a los productores. Tal crédito podría tomar las formas tradicionales de canalización de dinero líquido (que también podría obtenerse reduciendo, por ejemplo, la propaganda gubernamental o reduciendo el tamaño del Estado, eliminando a la burocracia dorada, consultores y asesores en exceso, por ejemplo), o a través de mecanismos de compensación donde el Gobierno sirve de agente que ayuda a entrelazar conexiones entre los diferentes pequeños y medianos productores para que se apoyen unos a otros. No nos olvidemos que la banca tiene capacidad para crear dinero de la nada, lo que es válido también para la banca pública; dinero que, a pesar de provenir de la nada, puede tener un efecto favorable al tener como respaldo una producción real.

La prioridad de este manejo financiero, como se anotó antes, debe estar centrada especialmente en las pequeñas empresas. Tengamos presente que para el año 2010 el 44% de los empleados trabajaban en establecimientos con 1 a 9 personas y solo concentraron un 24% de los ingresos generados. Así, ante una contracción económica, este tipo de unidades productivas son altamente vulnerables: la reducción de sus ingresos puede impactar negativamente de forma muy fuerte en la economía de la población. Por lo tanto, las líneas de crédito y las acciones propuestas en el punto anterior, deben tener en la mira a este sector de la economía.

Los créditos productivos pueden tomar diversas formas. Incluso, a partir de la creación de centros de acopio y de distribución públicos en manos de las propias comunidades o de los gobiernos autónomos descentralizados, se podría plantear que los productores (por ejemplo agricultores) paguen parte o totalidad de los créditos en productos y luego los centros de distribución públicos se encarguen de proveer tales productos directamente a los consumidores finales a precios que cubran los gastos de distribución pero que sean mucho menores a los precios incrementados por la intermediación privada.

7. Transformación agraria

Es urgente hacer cambios profundos en el agro. No se puede seguir favoreciendo a los agronegocios, menos aún a los grandes propietarios. El país requiere poner en marcha la soberanía alimentaria. Esto implica recuperar el control sobre nuestra propia agricultura y alimentación.  Hay que asegurar el derecho de los agricultores, en especial de los pequeños, y de los campesinos, para ejercer el control sobre la agricultura; y el derecho de los consumidores y las consumidoras para ejercer el control sobre la alimentación. Y todo esto asegurando adecuados canales de distribución y mecanismos de financiación.

Por lo tanto, entre los primeros pasos que son necesarios se incluyen: elevar la inversión pública en agricultura y alimentación; impulsar programas de apoyo claramente dirigidos a los pequeños y medianos agricultores y campesinos; integrar las políticas de reforma agraria y redistribución del agua, y desenvolvimiento rural con las otras facetas de la política agroalimentaria; desmontar los subsidios perversos, que financian a grandes grupos empresariales, a través de agroquímicos y combustibles, para convertirlos en subsidios legítimos que apoyen a los pequeños agricultores, y que permitan su reconversión hacia prácticas más eficientes, de menor impacto ambiental, y orientadas al mercado interno; otorgar crédito oportuno y en condiciones apegadas a los ritmos de la agricultura y no a las demandas del capital; promocionar el uso de tecnologías y prácticas ecológica y socialmente responsables, potenciando el aprovechamiento de los conocimientos ancestrales.

Igualmente es indispensable que los campesinos puedan llegar con sus productos a los mercados, cuya adecuación deberá ser decididamente apoyada por el Estado. Como parte de ese apoyo se conjuga la creación de centros públicos de acopio y distribución combinados con créditos productivos pagables en especies, como se mencionó en el punto anterior.

Recordemos que actualmente en el Ecuador alrededor del 70% de la población económicamente activa rural se encuentra en condiciones de subempleo, “empleo inadecuado” o desempleo. Posiblemente este sea uno de los grupos más vulnerables al momento que la crisis se consolide, y es una de las principales razones por las que el sector rural urgentemente necesita una reforma agraria.

En este empeño hay que integrar los derechos de los pueblos indígenas; fomentar los servicios públicos e infraestructuras para asegurar una vida digna en el campo; pero, sobre todo, respetar a la Pacha Mama.

8. Bono de desarrollo humano, renta básica y seguro electrónico de desempleo

Mientras en la actualidad el Gobierno promociona un bono de “desarrollo” que sigue una lógica clientelar-dependiente, y en donde al final una parte sustantiva termina en manos de las grandes cadenas alimentarias, nosotros proponemos un bono de desarrollo humano y productivo para el incentivo de procesos agropecuarios a nivel familiar y comunitario. El poder adquisitivo de este bono se incrementará siempre que se compre productos de los campesinos, artesanos y pescadores artesanales, en los mercados populares, en las ferias campesinas o en los centros de distribución públicos.

Simultáneamente habrá que desarrollar, de forma paulatina, una renta básica en forma de derecho para toda la ciudadanía. Así, es necesario estimar un monto de dinero que sirva de renta básica para todos los habitantes del país (y disminuya efectivamente la segregación de los trabajadores entre desempleados, empleados, subempleados). Su financiamiento se sostendrá principalmente con los tributos de quienes más ganan y más tienen. Igualmente cabría pensar si toda la renta básica debería pagarse en dinero líquido o si una fracción de la misma debería pagarse en forma de productos (por ejemplo acceso a una canasta alimenticia básica).

Esto puede volver mucho más factible el acceso -y buen uso- de la renta básica, al mismo tiempo que este mecanismo, combinado con el pago de créditos productivos con productos y la existencia de cadenas de distribución públicas, brinden a segmentos populares la posibilidad de desenvolverse disminuyendo su dependencia de los flujos monetarios.

Hasta alcanzar la renta básica, como acción inmediata contra la crisis también puede pensarse en crear un seguro electrónico de desempleo. Esto es, un monto en dinero electrónico pagado a las personas clasificadas como desempleadas en proporción al tamaño de sus hogares (posiblemente entregado con una tarjeta de débito por parte de la banca pública). Ese seguro solo podría gastarse en compras con dinero electrónico en los centros de acopio y distribución públicos, los cuales al mismo tiempo reciben los productos (incluso como forma de pago de créditos en especies) desde los propios productores directos. Y en caso de existir excedentes de producción, pueden conformarse empresas encargadas de su exportación.

La idea es juntar a la oferta y demanda de productos esenciales con la menor cantidad de circulación de dólares líquidos posible, sosteniendo la capacidad de consumo de las personas desempleadas (evitando una reducción de la demanda efectiva durante la crisis) y fomentando especialmente la producción de las pequeñas empresas.

9. Un Banco Central que controle y regule el flujo de dólares

La actual crisis, agravada por la rigidez cambiaria, exige respuestas eficientes y rápidas. Por lo tanto se precisa introducir un control cambiario que permita manejar adecuadamente las divisas disponibles. Esto es aún más necesario para impedir una implosión catastrófica de la dolarización que, sin embargo, no puede ser -de ninguna manera- el objetivo de la política económica.

Así, las divisas provenientes de las exportaciones deberían ser manejadas por el Banco Central, que tendría a su cargo el diseñar y ejecutar un presupuesto para el uso de la divisas a partir de prioridades establecidas en función de los objetivos que se establezcan. Esto es, asegurar la importación de bienes indispensables para la sociedad, como son las medicinas, y para el aparato productivo, sobre todo para la producción de las pequeñas y medianas empresas, sin favorecer las importaciones de grandes empresas con mayor capacidad de pago o la compra en el exterior de productos suntuarios.

De este modo, quedaría en manos del Banco Central la definición de cuántos dólares entregar a los importadores, incluso creando la posibilidad de extender créditos para importar medios de producción a pequeños productores al mismo tiempo que puede imponer sobretasas monetarias al uso de dólares para las importaciones de grandes empresas.

Este tipo de política de concesión directa de crédito a pequeños productores, combinada con el manejo adecuado de las tasas de interés, debe tener como principal objetivo el mantenimiento del empleo dentro de niveles adecuados (se deben establecer objetivos claros sobre las tasas de desempleo y subempleo), al igual que la inflación.

A su vez se puede proponer un nuevo modelo de administración del Banco Central, donde su directorio se constituya ya no solo con delegados del Gobierno, sino también con delegados de cada una de las facultades de economía de las principales universidades del país. De ese modo se busca que el Banco Central se vuelva un ente cuyas decisiones políticas y económicas no sean arbitrarias ni sumisas al Ejecutivo sino que existan contrapesos en el manejo económico del país. Así, ante cuestiones tales como el otorgamiento de créditos del Banco Central al Ministerio de Finanzas (por ejemplo, vía compra de bonos), la decisión se tomará no solo entre funcionarios “con un mismo jefe”.

10. El dinero electrónico

Nos guste o no, requerimos recuperar márgenes de acción en lo que se refiere a la política monetaria y cambiaria, siempre manteniendo la premisa de que el poder adquisitivo de los sectores populares no debe disminuir. Es necesario contar con cierta masa monetaria como variable propia que sirva de colchón en la crisis y que, luego, permita ampliar los márgenes de acción de la política económica.

La idea es formar una masa monetaria que vaya aumentado acorde al crecimiento económico del país, pero sin la urgencia de que existan flujos crecientes de exportaciones. Tomemos en cuenta que si el Ecuador no exporta, no puede aumentar sus dólares sin recurrir a los mercados financieros; de modo que, especialmente en épocas de shocks externos, se tiene una masa monetaria fija con una producción creciente (antes del shock), lo que genera distorsiones en precios o en el volumen de transacciones que pueden estancar a la propia producción (luego del shock).

Así, por ejemplo, mientras se mantenga la incautación de las divisas de exportación, las empresas exportadoras recibirían una parte de sus ingresos en un dólar electrónico ecuatoriano, que les servirían para pagar determinadas transacciones internas, como impuestos, o cancelar obligaciones bancarias o compras de bienes y servicios provenientes de otras empresas.

En este punto, para paliar las devaluaciones de los países vecinos, por ejemplo, los exportadores podrían recibir un monto mayor en dinero electrónico a los ingresos en dólares que realmente les corresponden. Esto siempre que esos montos contribuyan a sostener el poder adquisitivo de los salarios, asegurar los empleos y no a financiar las ganancias de los exportadores.

Igualmente el Gobierno podría pagar parte de la inversión pública con este dinero electrónico o en bonos (denominados en este dólar electrónico ecuatoriano), al que habría que asegurar su aceptación con un manejo económico que genere confianza: este es uno de los requisitos fundamentales para que pueda funcionar este esquema monetario y cambiario. Los importadores de aquellos bienes no indispensables tendrían que cancelar un sobre precio al Banco Central por los dólares requeridos para realizar dichas compras en el exterior, que podrían ser cancelados con dinero electrónico. En línea con esta propuesta se podrían subastar estos dólares electrónicos para introducirlos en la economía.

Esto de ninguna manera debe implicar la confiscación de los dólares en manos de la ciudadanía, incluso si se precisa ampliar la presencia de este dinero electrónico en la economía nacional. Más bien es necesario crear mecanismos de incentivos que motiven a la población a utilizar el dinero electrónico en vez de los dólares (por ejemplo descuentos en pagos de servicios básicos o en la compra de productos de primera necesidad o en el acceso a los créditos). Y, por cierto, el manejo de este dinero electrónico debe darse con total responsabilidad, al margen de las apetencias electorales de cualquier Gobierno. Por tal motivo es necesaria una reestructuración de la forma como se administra el Banco Central (ver punto anterior).

Aceptémoslo, la dolarización no puede ser el objetivo de la política económica. Incluso cabe analizar la posibilidad de que, sin dolarización, el rendimiento económico del país durante el boom petrolero -que está concluyendo- pudo haber sido mucho mejor. Y también debe quedar claro que sí se puede salir de una manera ordenada de la dolarización; decisión que habría que asumirla de manera responsable antes de que la dolarización (sin dólares) nos expulse de forma atropellada.

La gran mayoría de países del mundo posee moneda propia y, con todas sus virtudes y defectos, la posibilidad de ajustar la masa monetaria a los requerimientos de la economía (por ejemplo ajustando las tasas de interés) es un aspecto que permite el desenvolvimiento normal de la misma. Es más, ante shocks externos negativos de magnitud, la dolarización puede que sea totalmente inviable. 

El problema no es que la masa monetaria de un país sea variable, el problema radica en las instituciones y en los mecanismos por medio de los cuales se administra esa masa monetaria. Si el control de esta masa monetaria está en manos de banqueros interesados en acumular -como sea- más y más capital, como sucedía antes, o de gobernantes irresponsables, estos grupos la utilizarán para cumplir sus intereses. Por tanto, la administración de la masa monetaria (y la elección de un respaldo adecuado para la misma) tiene que hacerse de manera técnica pero al mismo tiempo alejada de los intereses de los grupos de poder dominantes, y alineada a los intereses de las grandes mayorías. Esto ratifica la necesidad de que la administración del Banco Central cambie de forma dramática, sin caer en la trampa de las falsas autonomía neoliberales.

A reflexionar

Las propuestas que se acaban de presentar no son ni una panacea ni la única alternativa posible de acción. Apenas representan esbozos para la construcción de un borrador que se irá completando a medida que los distintos sectores de la sociedad, sobre todo populares (e incluso académicos), vayan integrándose en la discusión de esta propuesta en contra-respuesta a los intentos del neoliberalismo de volver con fuerza a la escena política nacional, aprovechándose del fracaso del correísmo.

Tampoco son propuestas que garanticen que el Ecuador logre superar a plenitud los extractivismos y, menos aún, la condición capitalista de su economía. Un aspecto crucial que cabe reflexionar en este punto es la propiedad de los medios de producción que dispone el país, su provisión y su distribución, aspectos que no se profundizan todavía en este primer borrador de propuestas, pero que a la larga deberán entrar como parte del análisis sobre el acuerdo productivo nacional.

Estas propuestas, que se construyen a partir de las experiencias de otras crisis y también desde la actual crisis, también pueden servir como punto de partida para un plan de ruta orientado a la construcción de otro Ecuador: un país diferente, cuya economía ya no se fundamente en la explotación inmisericorde ni del ser humano ni de la Naturaleza.

A la final será la presión y el respaldo popular los que realmente puedan darle fuerza a las propuestas que exponemos. Es necesario que la población tome partido en la lucha por evitar que el sistema capitalista, en su afán de salir de su crisis, vuelva a utilizar al neoliberalismo como válvula de escape que eleve los niveles de explotación a las clases trabajadoras y de destrucción de la Naturaleza. Es solo con la lucha política como podemos romper con la historia cíclica y recurrente del capitalismo.-